Mientras la juez Beatriz Biedma abre juicio oral contra David Sánchez por corrupción en la Diputación de Badajoz, el hermano del presidente del Gobierno prepara las maletas para marcharse un año rumbo a Japón con visado concedido por “reagrupación familiar”. La acusación popular ve en ello un plan de fuga encubierta y exige la retirada inmediata de su pasaporte.
Coincidencias que huelen mal: visado rumbo a Japón el mismo día que se le procesa
El pasado 28 de abril de 2025, la magistrada Beatriz Biedma firmó el auto de procesamiento contra David Sánchez Pérez-Castejón por delitos continuados de prevaricación y tráfico de influencias. Ese mismo día, el hermano del presidente solicitó un visado de reagrupación familiar en el Consulado japonés en Madrid, alegando que su mujer y su hija residen en Wakayama.
El visado fue concedido por un año y, según confirman fuentes diplomáticas y judiciales, su entrada en vigor coincide exactamente con el inicio formal del juicio. A pesar de estar procesado, David Sánchez no tiene medidas cautelares impuestas y puede salir del país sin impedimentos. Pero su destino —rumbo a Japón— no es uno cualquiera: el país asiático no forma parte del espacio Schengen y, aún más relevante, no tiene tratado de extradición con España.
Presión judicial y política para frenar el viaje
Vox y Hazte Oír han presentado escritos para evitar el traslado de David Sánchez rumbo a Japón. La formación liderada por Santiago Abascal ha pedido que se libre oficio a la Brigada de Policía para verificar el visado y proceder, en caso afirmativo, a la retirada urgente del pasaporte. “Si viaja, el juicio podría quedar sin celebrarse”, ha advertido Marta Castro, su portavoz jurídica.
Hazte Oír ha ido más allá: ha solicitado al Ministerio de Exteriores que paralice el proceso de reagrupación familiar alegando riesgo de fuga, y denuncia una “apariencia de trato de favor institucional por ser hermano del presidente del Gobierno”. También subrayan que no hay constancia de que el investigado haya notificado al juzgado un cambio de domicilio.
El caso del visado rumbo a Japón ha sido recogido por medios como El Debate, The Objective o Radio Interior, que coinciden en denunciar el silencio gubernamental como una forma más de blindaje institucional.
Una trayectoria marcada por privilegios
David Sánchez, conocido en el mundo de la música como David Azagra, es director de orquesta y hermano menor del presidente. En 2017 fue contratado como coordinador de los conservatorios de Badajoz y en 2022 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ambos cargos, según la jueza Biedma, fueron creados expresamente para él, sin concurrencia ni criterios objetivos.
Gallardo, expresidente socialista de la Diputación y también procesado, intentó aforarse en abril para esquivar la causa, pero su maniobra fue frustrada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De haber prosperado, habría arrastrado a David Sánchez a un foro judicial más favorable.
Ahora, en 2025, la historia da un nuevo giro: el procesado se dispone a vivir un año rumbo a Japón, donde residen su mujer —funcionaria de la ONU— y su hija.
La cuenta atrás para marcharse… y para la Justicia
El visado concedido tiene vigencia hasta finales de julio. Si no se adopta ninguna medida preventiva, David Sánchez podría establecerse rumbo a Japón sin comprometerse legalmente a volver. En caso de incomparecencia, la celebración del juicio y una eventual condena quedarían en el aire, pues Japón no está obligado a colaborar.
Vox y Hazte Oír lo advierten: no actuar a tiempo supondría abrir la puerta a una impunidad sin precedentes. Pero más allá de la estrategia legal, el verdadero daño es institucional: ¿qué confianza puede tener el ciudadano en un sistema donde los cercanos al poder pueden irse sin rendir cuentas?
«Haciendo mutis por el Fujiyama»
Decía el refrán que “quien hace la ley, hace la trampa”. Pero aquí, la ley parece estar de vacaciones. Que el hermano del presidente del Gobierno se vaya rumbo a Japón mientras se le procesa por corrupción no solo es una burla a la Justicia, es un desprecio al ciudadano.
En los años 80, por mucho menos, cayeron ministros. En 2025, a los imputados les dan tiempo, billete y visado. Lo que para otros es una orden de alejamiento del país, para David Sánchez parece un programa de intercambio cultural.
Porque cuando te apellidas Sánchez Pérez-Castejón, el vuelo no se cancela… se fleta.
