San Martín de Valdeiglesias acaba de sellar una de las páginas más tristes de su historia reciente. Tras años de advertencias ignoradas, juicios silenciados, recursos estériles y una gestión institucional plagada de negligencias, el municipio pierde definitivamente el Castillo de la Coracera, símbolo patrimonial y cultural de toda una comarca. La pérdida del castillo, sin embargo, no fue inevitable: mientras algunos ocultaban la verdad, otros —como la actual diputada de Ayuso y ex regidora del municipio, Mercedes Zarzalejo— luchaban a contrarreloj para evitarla.
La pérdida del Castillo se consuma: el 9 de octubre, el desahucio que pone fin a la ocupación
El próximo 9 de octubre de 2025 era la fecha marcada por el juzgado para ejecutar el desahucio del Castillo de la Coracera. Hasta entonces, la Fundación Castillo de la Coracera, a pesar de estar condenada judicialmente, continuaba ocupando ilegalmente un bien que ya no le pertenece desde hace años.
Anticipándose a la escena de la Guardia Civil accediendo al recinto, los abogados de la Fundación han pactado entregar las llaves antes de esa fecha. Según ha confirmado el legítimo propietario, don Emilio Fernández, administrador de Agromanchega, la entrega formal tendrá lugar a comienzos de septiembre.
La pérdida del castillo no es simbólica: es jurídica, económica y definitiva. Lo que empezó en 2003 como una permuta, terminó más de dos décadas después con una orden de desalojo y el reconocimiento judicial de que el Ayuntamiento y la Fundación incumplieron el acuerdo original.
Una joya del siglo XV: historia del Castillo de la Coracera
Construido en el siglo XV por don Álvaro de Luna, el Castillo de la Coracera es una fortaleza señorial con torres defensivas, salones nobles y una historia que mezcla nobleza, patrimonio y cultura. Declarado Bien de Interés Cultural, ha sido durante años el principal icono monumental de San Martín de Valdeiglesias, atrayendo visitantes, celebrando bodas, eventos y acogiendo actividades culturales.
Perderlo no es solo perder una propiedad: es renunciar a la identidad visual, histórica y económica del municipio.
Cronología política de la pérdida del Castillo: 20 años de despropósitos
- 2003: José Luis García (PSOE), entonces alcalde —y hoy diputado en la Asamblea de Madrid— firma con Agro Manchega un convenio de permuta: 19 parcelas a cambio del castillo. Solo entrega 12.
- 2006: Finaliza el plazo de entrega pactado sin haberse cumplido.
- 2018: Agro Manchega interpone demanda contra el Ayuntamiento y la Fundación. Nadie informa a los vecinos.
- 2019: En plena campaña, se conoce la sentencia de primera instancia: el castillo debe devolverse a su propietario y el Ayuntamiento debe pagar 132.085 € en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
- Diciembre de 2019: La Audiencia Provincial ratifica la sentencia. Se condena además a costas e intereses.
- 2020–2022: La entonces alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, intenta negociar con Comunidad de Madrid la compra del castillo para mantenerlo en manos públicas. Todo se frustra en notaría por el veto de Fernando Cornejo, cofundador de la Fundación y su gestor principal.
Claves jurídicas de la sentencia de 2019: el origen del desastre
La sentencia 445/2019 dictada por la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Madrid fue clara y contundente: el Ayuntamiento de San Martín incumplió el convenio firmado en 2003 al no entregar las 19 parcelas prometidas en la permuta por el castillo. De las 19 solo se materializaron 12, y el resto quedaron en un limbo administrativo que ni PSOE ni PP resolvieron durante 15 años.
La resolución judicial, firme y sin posibilidad de recurso, obligaba al Ayuntamiento a devolver el castillo al propietario, Emilio Fernández, y a indemnizarle por el perjuicio causado durante los años de ocupación indebida.
El tribunal no solo declaró el incumplimiento por parte del consistorio, sino que afirmó que la Fundación Castillo de la Coracera no tenía título legal alguno para explotar el inmueble, ni siquiera con carácter provisional, lo que convierte en irregular toda actividad realizada en su interior desde entonces. A pesar de ello, la fundación ha seguido alquilando espacios, organizando eventos y explotando la imagen del castillo con absoluta impunidad.
La sentencia también obligaba a la restitución formal de las parcelas al propietario, cosa que no se completó hasta que Mercedes Zarzalejo, ya como alcaldesa, ordenó su devolución notarial, tratando de evitar así un mal mayor: el desahucio.
Los culpables de la pérdida del Castillo: del “todo está controlado” al “nos vacilaron 16 años”
“El castillo no se mueve de su sitio”, decían. Y tenían razón: el castillo sigue en San Martín, pero ya no pertenece al pueblo ni puede abrir sus puertas. Es la diferencia entre la piedra y la propiedad, entre el símbolo y el derecho.
Durante años, Emilio Fernández, actual propietario del Castillo, fue ignorado, menospreciado y ninguneado por varios alcaldes y gobiernos. El PSOE, con José Luis García y Mari Luz Lastras, no solo no cumplió el convenio: ni siquiera reconoció la existencia del problema cuando ya había una demanda interpuesta. La ciudadanía no supo nada hasta que fue demasiado tarde.
Incluso el PP, con Pablo Martín como regidor, continuó la inercia de indiferencia, lo que llevó a Fernández a tomar medidas judiciales.
Tan solo una Alcaldesa dio la cara
Cuando la actual diputada regional Mercedes Zarzalejo accedió a la alcaldía en el año 2019 , el castillo ya estaba perdido jurídicamente. Pero fue la única que luchó para evitar lo inevitable, o al menos para amortiguar las consecuencias.
Planteó un acuerdo con Comunidad de Madrid: la compra del castillo por 3.700.000 € para convertirlo en una delegación comarcal, con actividad cultural, empleo e impacto económico. Emilio Fernández, propietario de Agromanchega, aceptó. Comunidad también. Todo estaba listo.
Pero Fernando Cornejo, cofundador y Copresidente, figura clave de la Fundación, boicoteó la operación en notaría con estas palabras:
“No me voy a ir con una mano delante y otra detrás”
“Esto sería un logro electoral para ti”
¿El resultado? San Martín perdió el castillo y perdió los casi 4 millones de inversión pública.
Pagar lo que otros ocultaron
Nada más llegar al gobierno en 2019, Mercedes Zarzalejo, ex alcaldesa de la localidad y actual Diputada Regional, se encontró con una sentencia firme y una amenaza económica inminente. Lejos de mirar hacia otro lado como sus antecesores, ordenó pagar de inmediato los 132.085 € de indemnización, además de los intereses y costas judiciales que sumaban más de 50.000 € adicionales.
También logró recuperar, mediante escritura notarial y en coordinación con Emilio Fernández, las 12 parcelas que el Ayuntamiento había entregado en 2003, cumpliendo así su parte del contrato y de la sentencia. Lo hizo sin espectáculo ni pancartas, pero asumiendo una losa económica que no le correspondía.
Lo que pagará el Ayuntamiento si la Fundación no responde (y no lo hará)
La Fundación Castillo de la Coracera no ha pagado ni un solo euro de los más de 200.000 € en costas y deudas que le corresponden tras las sentencias firmes. Y tampoco ha cumplido con la restitución del castillo a su legítimo propietario, lo que ha obligado a Agro Manchega a iniciar una ejecución forzosa.
Según la ley, si la Fundación no paga —y no lo hará, ya que carece de fondos y se niega a colaborar—, el Ayuntamiento deberá responder como entidad corresponsable, al formar parte de la Fundación.
Esto significa que el pueblo de San Martín deberá asumir otra vez más de 200.000 €, sumados a los ya pagados, y a los que podrían venir si finalmente la Comunidad de Madrid o el órgano gestor exige la devolución de la subvención de musealización, que asciende a otros 250.000 €.
En total, la pérdida del castillo podría suponer entre 750.000 y 1.000.000 de euros de dinero público malgastado. Una cifra demoledora que no genera ni empleo, ni turismo, ni cultura. Solo ruina.
La Fundación, epicentro de la pérdida del Castillo: entre el descontrol y la deslealtad institucional
Desde 2019, la Fundación Castillo de la Coracera ha actuado como una entidad ajena al interés general, con movimientos bancarios sin control, contratos sin firma del copresidente legítimo (la alcaldesa), ingresos por eventos y bodas sin declarar, y una gestión opaca que ha perjudicado directamente a las arcas públicas.
Cornejo incluso se personó en la Operación Pantano usando poderes caducados, firmados por una exalcaldesa ya sin cargo. Todo a espaldas del Ayuntamiento.
La Fundación, en vez de cumplir la sentencia, votó en contra de ejecutarla. Hoy actúa como una okupa institucional, ocupando un castillo que ya no le pertenece legalmente y acumulando nuevas deudas.
El castillo que no fue: lo que San Martín ha perdido (otra vez)
- Pérdida legal del Castillo de la Coracera
- Devolución de 12 parcelas ya entregadas
- Indemnización + costas + gastos: más de 500.000 €
- Pérdida de una inversión de 3.700.000 € de la Comunidad de Madrid
- Fracaso del proyecto de sede regional para la Sierra Oeste
- Riesgo de tener que devolver una subvención de 200.000 €
- Desahucio judicial fijado para el 9 de octubre de 2025
No, no todos los políticos son iguales
Frente a quienes repiten el mantra de que «todos los políticos son iguales», este caso demuestra lo contrario. Porque si todos fueran iguales, el castillo no se habría defendido ni un solo día. Zarzalejo luchó, pagó, negoció, recuperó parcelas y lo intentó hasta el final. Otros callaron, firmaron, mintieron o bloquearon.
Lo que se pierde cuando se deja caer un castillo
San Martín no solo ha perdido un castillo. Ha perdido la oportunidad de ser referente comarcal, ha perdido el esfuerzo de años en rehabilitación (pagado en buena parte con fondos europeos) y ha perdido, sobre todo, la dignidad institucional de sus gobernantes.
Como en aquel viejo refrán:
“El que calla, otorga. Y el que ríe, mientras el pueblo pierde, es cómplice de su ruina.”
La pérdida del Castillo no ha sido un accidente. Ha sido un acto de irresponsabilidad compartida, pero también de egoísmo, soberbia y obstrucción política.
DESDE DIÁLOGO DIGITAL HEMOS CONTACTADO CON MERCEDES ZARZALEJO PARA QUE NOS DIERA SU OPINIÓN SOBRE EL RESULTADO FINAL DEL DESAHUCIO Y HA SIDO DECLINADA LA INVITACIÓN.
Fuentes consultadas:
- Auto de ejecución de desahucio
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (2019) sobre el incumplimiento del convenio de permuta
- Declaraciones del propietario Emilio Fernández y documentos notariales de restitución de parcelas
- Post perfil de apoyo al PP y Mercedes Zarzalejo
- Vídeo del programa “Al otro lado del Pantano” (2022)
