La degradación institucional de una España donde casi nada sorprende ya
Corrupción, traición, putas, drogas y un sinfín de despropósitos. Es difícil resumir de otra manera lo que España lleva años viendo alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez. Y no necesitamos volver a explicar cada caso. Los españoles conocen ya los nombres: Tito Berni, Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama, Begoña Gómez, David Sánchez, Leire Díez —la fontanera—, Zapatero y sus joyas, Plus Ultra, hidrocarburos… Algunos están condenados, otros investigados y otros aparecen vinculados a procedimientos en situaciones jurídicas diferentes. Pero este artículo no pretende volver a contar sus sumarios. Lo preocupante es contemplarlos todos juntos.
Porque detrás de los nombres aparecen prostitutas, drogas, sobres, comisiones, contratos públicos, grabaciones, investigaciones, condenas y una colección de episodios que hace apenas unos años habría provocado una crisis política detrás de otra. Hoy un escándalo apenas tiene tiempo de envejecer porque otro ocupa su lugar.
Y Pedro Sánchez siempre estaba arriba. Secretario general del PSOE, presidente del Gobierno, encargado de elegir ministros, formar equipos, nombrar personas de confianza, negociar investiduras y decidir con quién pactar. Sin embargo, cuando llegan las responsabilidades parece convertirse en un espectador privilegiado de su propio Gobierno. Nunca sabía, nunca vio, nunca sospechó. Para los éxitos está en primera fila; para los problemas siempre existe alguien unos metros más atrás al que señalar.
Ahí empieza la verdadera cuestión de este artículo. Ya no hablamos solamente de corrupción. Hablamos de degradación institucional.
La degradación institucional va mucho más allá del dinero
Durante estos años hemos visto enfrentamientos con jueces, ataques políticos a decisiones judiciales, descalificaciones contra periodistas, cuestionamientos de informes de la UCO y una permanente batalla por controlar el relato cuando las instituciones contradicen la versión del Gobierno. La Guardia Civil es extraordinaria hasta que investiga demasiado cerca. La Justicia es independiente hasta que dicta algo incómodo. La prensa es fundamental hasta que publica lo que no gusta. Y cuando el problema no puede negarse, siempre queda desacreditar al mensajero.
También está la Constitución. Aquello que durante años era imposible terminó siendo posible cuando hicieron falta determinados votos. La amnistía es el ejemplo más evidente. La pregunta que muchos españoles pueden hacerse es sencilla: ¿cambió la Constitución o cambiaron las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez?
Porque una Constitución no debería ser plastilina. Su función no consiste en adaptarse a las necesidades de quien gobierna, sino precisamente en poner límites a quien gobierna. Y cuando esos límites empiezan a interpretarse dependiendo de una investidura, el problema deja de ser Sánchez. El problema será el precedente que quede para el siguiente.
Algo parecido sucede con la Corona. Se puede ser monárquico o republicano, pero la Jefatura del Estado no debería convertirse en otra pieza de la pelea partidista. La Constitución, la Corona, los jueces, la Policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia no pertenecen al Gobierno de turno. Pertenecen al Estado.
Y tampoco podemos borrar de la memoria a ETA. España sufrió durante décadas asesinatos, secuestros, extorsiones y miedo. Hubo políticos, jueces, periodistas, policías y guardias civiles que necesitaron escolta simplemente para hacer una vida normal. Muchas víctimas continúan entre nosotros mientras EH Bildu se ha convertido en apoyo parlamentario habitual para decisiones fundamentales de este Gobierno.
A eso se suma la reforma de 2024 sobre el reconocimiento de condenas cumplidas en otros países europeos, que eliminó las limitaciones anteriores y extendió la equivalencia de efectos jurídicos también a la ejecución de las penas. Puede explicarse jurídicamente y discutirse políticamente, pero sus consecuencias para determinados condenados de ETA y la sensibilidad de las víctimas no deberían despacharse como un simple trámite técnico.
Hay muertos detrás de esa historia.
Y hay familias que recuerdan perfectamente quién los mató.
Ceuta: faltaba el escudero con el sobre lacrado
Y entonces llegamos a Ceuta.
Aquí la historia roza por momentos el esperpento si no fuera porque lo ocurrido es demasiado serio.
No fue solamente el CNI quien advirtió. Hubo información y advertencias desde distintos ámbitos, y hubo un responsable político que merece ser reconocido: Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que pidió al Gobierno central asumir el mando ante la situación que se estaba produciendo. Mientras en otros despachos posteriormente se discutía sobre qué podía considerarse una alerta, Vivas tenía una ciudad española delante y actuó.
El CNI también había avisado. Los documentos desclasificados conocidos posteriormente mostraron comunicaciones previas sobre el riesgo de entradas masivas y avisos trasladados a organismos competentes. Después llegó la explicación: aquello no había sido una alerta suficientemente formal.
Y apareció el famoso sobre lacrado.
Quizá ese fue el problema. El Centro Nacional de Inteligencia utilizó medios del siglo XXI cuando algunos parecían esperar todavía un procedimiento de la Castilla medieval.
Faltó un escudero.
Un hombre a caballo, vestido con jubón, capa y espada, atravesando Castilla durante varios días con el preciado sobre lacrado escondido bajo sus ropajes. Habría llegado exhausto a las puertas de La Moncloa, desmontado ante la guardia, avanzado solemnemente hasta presencia del presidente y, rodilla en tierra, levantando el mensaje con ambas manos, habría anunciado:
«Mi señor, traigo graves nuevas de Ceuta».
Quizá entonces la alerta habría sido suficientemente formal.
Pero estamos en 2026. El CNI está para obtener información, analizar amenazas y trasladarlas. Si esa información llegó por los canales disponibles, la pregunta importante no es si llevaba lacre. La pregunta es qué hicieron quienes la recibieron.
Y nuevamente resulta mucho más cómodo discutir sobre el mensajero.
Lo ocurrido en Ceuta ha dejado además preguntas todavía más incómodas sobre Marruecos. Informes policiales conocidos posteriormente han señalado actuaciones de fuerzas marroquíes durante la entrada masiva. Y mientras los ceutíes sufrían las consecuencias, desde Madrid volvimos a contemplar esa extraordinaria delicadeza que aparece siempre que delante está Rabat.
Con un juez español no existen tantos miramientos. Con determinados periodistas tampoco. Contra la oposición sobran palabras. Pero aparece Marruecos y de repente todo requiere prudencia, interpretación y contexto.
Ceuta es España. Y los ceutíes son españoles.
No deberían tener que recordárselo a su propio Gobierno.
Sánchez no podría hacerlo solo
Y aquí llegamos a algo que considero fundamental. Sería demasiado fácil convertir todo esto únicamente en Pedro Sánchez.
Sánchez no gobierna solo.
Para permanecer en La Moncloa necesita ministros, diputados, senadores, altos cargos, asesores, dirigentes del PSOE y socios parlamentarios. Cada ley necesita votos. Cada cesión necesita votos. Cada acuerdo necesita personas dispuestas a defenderlo.
Detrás de cada mano levantada hay una persona.
Y esa persona sabe lo que está votando.
Por eso algún día no servirá decir que la culpa era únicamente de Sánchez. Cada ministro que permanece en su puesto decide permanecer. Cada diputado que vota sabe lo que vota. Cada dirigente que aparece ante una cámara para justificar una contradicción sabe lo que está defendiendo. Y cada socio parlamentario conoce perfectamente el Gobierno que está sosteniendo.
También existe una responsabilidad ciudadana. No penal, evidentemente. Ni siquiera institucional. Pero sí moral y democrática.
Aquello que nos indignaría si lo hiciera el partido contrario no puede parecernos maravilloso porque lo hagan los nuestros.
Ese es probablemente uno de los mayores males de nuestra política.
Nos hemos acostumbrado a defender siglas antes que principios.
Y mientras tanto continúa el mecanismo de siempre: negar, minimizar, buscar un culpable y esperar a que aparezca otra noticia.
Si existe una investigación, persecución.
Si existe un informe incómodo, se cuestiona el informe.
Si un juez investiga, se habla del juez.
Si la UCO encuentra algo, se analiza a la UCO.
Si el CNI advierte, faltaba el sobre lacrado.
Si Marruecos aparece en la ecuación, prudencia diplomática.
Y Pedro Sánchez continúa.
Pero llegará un momento en que ya no bastará con cambiar de conversación.
Porque todavía quedan investigaciones abiertas, documentos por conocer y procedimientos judiciales que deberán seguir su camino. Algunas acusaciones probablemente terminarán archivadas y otras acabarán en sentencia. Serán los tribunales quienes decidan. Pero sería ingenuo pensar que ya conocemos todo lo ocurrido durante estos años.
Probablemente queda mucho por salir.
Y cuando tengamos la fotografía completa quizá comprendamos mejor lo que ahora estamos viendo por entregas.
Entonces nuestros hijos y nuestros nietos podrán preguntarnos qué hicimos mientras todo aquello ocurría.
Algunos podrán decir que exigieron explicaciones incluso cuando gobernaban aquellos a quienes habían votado. Otros tendrán que explicar por qué callaron, por qué justificaron cada contradicción y por qué siguieron levantando la mano cuando aquello que ocurría delante de ellos habría sido intolerable bajo cualquier otra sigla.
Que se lo expliquen ellos.
Que expliquen por qué el partido estaba antes que las instituciones. Por qué defender al líder era más importante que exigir responsabilidades. Por qué cada nuevo escándalo encontraba inmediatamente una excusa y cada mentira una explicación.
Porque esta degradación institucional no puede atribuirse únicamente a Pedro Sánchez. Para llegar hasta aquí han hecho falta quienes gobiernan con él, quienes votan con él, quienes justifican cada decisión y quienes han decidido mirar hacia otro lado.
Y después de corrupción, traición, putas, drogas, mentiras, escándalos, condenas, ataques institucionales, Marruecos, Ceuta y todo lo que todavía podamos conocer, quedan dos palabras mucho más sencillas.
Indecencia e inmoralidad.
