El caso de Begoña Gómez no se detiene. A los cinco delitos por los que ya estaba siendo investigada, se suma ahora una nueva causa que podría ser juzgada por un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto la puerta a este procedimiento que coloca a la esposa de Pedro Sánchez en una situación cada vez más insostenible.
Un procedimiento distinto y con jurado
Esta investigación no es continuación del sumario inicial por tráfico de influencias o corrupción en los negocios, sino un expediente separado que apunta a malversación de fondos públicos vinculada a la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Según la instrucción, habría trabajado en funciones privadas de Gómez mientras cobraba del erario público.
Peinado, en su auto, considera que los indicios tienen “contornos más nítidos”, lo que le lleva a transformar las diligencias en procedimiento con jurado. Esto implica que, de abrirse juicio oral, serán ciudadanos de a pie quienes juzguen a la mujer del presidente. Una foto inédita en democracia.
Una cascada de causas
La nueva investigación no es un añadido menor. El magistrado ya admitió la querella de Hazte Oír sobre presunto intrusismo profesional y apropiación indebida vinculada a la cátedra de la Universidad Complutense. Además, directivos de empresas estratégicas y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han sido llamados a declarar en relación con estos hechos.
La defensa de Gómez trata de frenar el proceso recurriendo las diligencias más intrusivas, como el análisis de sus correos electrónicos desde 2018. La Fiscalía, en sintonía con Moncloa, denuncia que la investigación es “desmesurada” y políticamente dirigida. Pero los autos de Peinado marcan un rumbo claro: más indicios, más piezas y, ahora, la posibilidad de un juicio ante un jurado.

Consecuencias políticas y judiciales
Que la esposa del presidente pueda terminar en el banquillo ante un jurado supone un terremoto político. No solo erosiona la credibilidad del Gobierno, ya debilitado por escándalos de corrupción en su entorno, sino que convierte el caso en un espectáculo público de enorme repercusión mediática.
El PSOE ya habla de “caza de brujas” y victimismo, pero el hecho objetivo es que las resoluciones judiciales se acumulan, y la estrategia de desgaste parece inevitable. A cada recurso de la defensa, nuevas filtraciones y autos judiciales refuerzan la percepción de que la causa avanza con o sin el beneplácito de la Moncloa.
Sánchez, cada vez más acorralado
Pedro Sánchez intentó blindar a su mujer en el discurso político, pero la justicia avanza por su cuenta. Ahora, un jurado popular podría ser el que determine la suerte judicial de Begoña Gómez. Y en ese escenario, la narrativa victimista pierde fuerza: no son jueces “politizados”, sino ciudadanos comunes los que tendrían que decidir si hubo corrupción.
En política, como en los tribunales, todo se reduce a credibilidad. Y hoy, la credibilidad del presidente y de su entorno está en mínimos históricos. Como dice el refrán: “A la mujer del César no solo hay que ser honrada, también parecerlo”. En este caso, ni lo uno ni lo otro.