Han pasado doce meses desde la tragedia y todavía retumba el sonido del agua arrastrando vidas, coches, sueños y calles enteras. Más de doscientos muertos bajo un cielo que no pedía permiso, y un gobierno que no pidió perdón. La DANA de Valencia no fue sólo una catástrofe meteorológica: fue el espejo que reflejó la podredumbre política de un país donde los muertos se usan como argumento de campaña y los culpables se eligen según el color del carnet.
En estos días de aniversario, mientras las familias siguen esperando explicaciones, Pedro Sánchez y sus ministros vuelven a lo que mejor saben hacer: culpar a otros, señalar al adversario y dividir a los ciudadanos. Los mismos medios subvencionados que hace un año callaban ante la inacción del Gobierno, hoy gritan en coro contra Carlos Mazón, al que acusan de todos los males del cielo y la tierra. Una cacería política perfectamente orquestada desde Moncloa para borrar la verdadera historia de aquella tragedia.
Porque conviene recordarlo: el 29 de octubre de 2024, cuando las lluvias torrenciales desbordaron el Barranco del Poyo, no fue sólo la naturaleza quien falló, sino la política. Las alertas llegaron tarde, el aviso a móviles se envió cuando el agua ya había devorado calles enteras y la UME tardó tres días en desplegarse plenamente. Los vecinos se salvaron entre ellos, los bomberos se jugaron la vida sin relevos, y los alcaldes rogaban auxilio sin respuesta. Y mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cenaba plácidamente en la India junto a su esposa.
De aquel viaje solo quedó una frase para la vergüenza: “Si necesitan ayuda, que la pidan.” Así, con la soberbia de quien gobierna a distancia, delegando la tragedia en los que se ahogan. Ningún valenciano debería olvidar esas palabras. Tampoco deberían olvidar que el presidente del Gobierno no asumió la responsabilidad de activar el mando único ni de coordinar los esfuerzos de emergencia entre las comunidades afectadas.
DANA de Valencia: la ministra que olvidó el Barranco del Poyo
Pero el desinterés no fue solo de Sánchez. Hubo una figura clave, invisible, que debería ocupar el primer lugar en la lista de responsables: la ministra de Transición Ecológica, aquella que nunca apareció por Valencia, que no pisó los pueblos arrasados y que nunca dio la cara por las víctimas. Su nombre se pronunció en los despachos, pero no en los márgenes del agua. Fue ella quien tenía bajo su competencia directa los cauces, los ríos, las obras hidráulicas y el mantenimiento del Barranco del Poyo, ese mismo que fue el detonante de la catástrofe.
Y aquí viene la verdad incómoda que ni los telediarios comprados ni los portavoces ministeriales quieren recordar: el proyecto de mejora del Barranco del Poyo ya estaba aprobado y presupuestado desde hacía años, pero nunca se ejecutó. En lugar de priorizar la seguridad y la prevención, la ministra decidió gastar millones de euros en campañas de publicidad institucional, en vídeos, entrevistas, portadas y anuncios destinados a pulir su imagen de “ecologista moderna”, mientras el cauce seguía abandonado y el riesgo crecía.
El motivo de su desinterés era conocido por todos en el Ministerio: la ministra tenía la vista puesta en Bruselas. Preparaba su salida dorada, su salto a las instituciones europeas, y la DANA de Valencia le estorbaba en la agenda. Jamás visitó las zonas afectadas, jamás ofreció explicaciones, jamás asumió culpa alguna. Dejó que otros se mancharan las manos, mientras ella limpiaba las suyas en el silencio cómplice del Gobierno y de los medios que viven de sus contratos de comunicación.
Mientras tanto, el relato oficial se reescribía a golpe de tertulia. Sánchez y su equipo movieron la maquinaria mediática: los telediarios abrían con las declaraciones de Moncloa, las tertulias hablaban del “fracaso de Mazón” y las redes oficiales del PSOE agitaban vídeos emotivos sobre la “ayuda estatal”. El Gobierno no sólo no aprendió nada del desastre: lo usó como herramienta de división. Un año después, la estrategia se repite. Se organizan manifestaciones contra el presidente valenciano, se filtran informes a medida, se calienta el ambiente y se busca, otra vez, el enfrentamiento social.
La DANA de Valencia se ha convertido en un arma política, en una trinchera más de una guerra sucia que utiliza el dolor como combustible. Sánchez pide la dimisión de Mazón como si él fuera un observador inocente, olvidando que la gestión de emergencias, los fondos europeos y las competencias hidráulicas son responsabilidades directas del Gobierno central. Exigir la dimisión del otro sin mirar al espejo es el acto más miserable de un poder que ha perdido la decencia.
El pueblo valenciano lo sabe. Sabe que los primeros en llegar fueron los vecinos, los voluntarios, los bomberos y los guardias civiles, no los ministros ni los asesores de Moncloa. Sabe que las ayudas tardaron meses en llegar, que las promesas de reconstrucción se diluyeron entre expedientes y que las indemnizaciones se repartieron con cuentagotas. Sabe también que la ministra prefirió preparar su futuro en Bruselas antes que garantizar el suyo.
Y sin embargo, a un año del desastre, los telediarios se llenan de reproches a Mazón y de aplausos a Sánchez. Los mismos medios que callaron durante los días de angustia, hoy dictan sentencia. Los mismos que viven de las subvenciones públicas, de los convenios publicitarios y de las licitaciones millonarias del Gobierno, hoy se presentan como jueces morales. Y mientras tanto, la Rambla del Poyo sigue esperando las obras que nunca se hicieron, el cauce sigue sin reforzar, y los informes de prevención duermen en un cajón del ministerio.
La verdadera tragedia no fue solo el agua: fue el abandono. La desidia que permitió que un proyecto de prevención cayera en el olvido, la soberbia de quienes gobiernan con el Falcon y se esconden en los titulares, la indiferencia de una ministra que jamás asumió lo que era suyo.
Los valencianos no olvidan, y no deberían hacerlo. Porque si alguien debe dimitir, no es solo Carlos Mazón. Debería dimitir quien miró hacia otro lado, quien estaba cenando a miles de kilómetros, quien tenía el poder para evitar parte de la tragedia y lo usó para hacer campaña. Debería dimitir quien convirtió el dolor en propaganda, quien prefirió invertir en anuncios antes que en diques, en hashtags antes que en cauces.
La DANA de Valencia dejó más que barro y destrucción: dejó al descubierto la miseria política de un gobierno sin escrúpulos, que se alimenta de la división y del enfrentamiento. Hoy, un año después, las víctimas siguen esperando justicia, las familias siguen esperando respuestas y los responsables siguen escondidos detrás de un relato fabricado.
Decía un viejo refrán: “Cuando el río suena, agua lleva.” Y en este caso, el río no sólo llevó agua: se llevó vidas, se llevó promesas, y se llevó la vergüenza de un país gobernado por quienes no saben gobernar ni su propia conciencia.
