El “hermanísimo” y Gallardo: del sillón al banquillo

En la España de Sánchez ya no sorprende nada. Ni que un hermanísimo del presidente acabe sentado en el banquillo, ni que el político que le abrió las puertas de par en par corra después a pedir indultos y a acusar a los jueces de “hacer política”. Aquí, el esperpento se ha institucionalizado, y el guion se repite: primero el chollo, luego la coartada y, finalmente, el ataque a la justicia.

El protagonista, cómo no, es David Sánchez, el “hermanísimo”. Aquel que consiguió un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz que olía a encargo hecho a medida desde el primer día. Y no es que lo digan los enemigos de su hermano, lo dice el simple sentido común: cuando un traje sienta tan perfecto, es porque alguien tomó medidas con esmero.

Pero en este banquillo no se sienta solo. A su lado, como buen escudero, aparece Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense y hoy alcalde de Villanueva de la Serena, que parece haber hecho del victimismo una segunda carrera política. Gallardo no se limita a defenderse; no, él acusa. Dice que los jueces hacen política, que todo es lawfare, que son ellos los perseguidos. Un discurso calcado al que Moncloa repite cada vez que la toga aprieta demasiado.

El “hermanísimo” y Gallardo: El sillón dorado y el olor a privilegio

La historia arranca en 2017. De la nada surge un puesto en la Diputación de Badajoz, encajado como un puzzle para que lo ocupe David Sánchez. El trabajo, de “coordinador de programas culturales”, sonaba a ese tipo de plazas que aparecen cuando alguien necesita colocar a alguien. Y vaya si lo colocaron.

Lo curioso es que el “hermanísimo” no se conformaba con el sueldo. Su vida fiscal tenía un pie en Portugal, un pie en España y un colchón en Moncloa, donde llegó a residir largas temporadas mientras declaraba vivir en el país vecino para esquivar a Hacienda. Un truco digno de trilero de feria: “ahora vivo aquí, ahora allá, ahora me ven, ahora no me ven”.

La pregunta es inevitable: ¿nadie en el Gobierno sabía nada? ¿Nadie en Presidencia notó que el hermano del presidente residía en la misma sede donde se toman las decisiones más importantes del país, mientras tributaba en otro país? Es ese viejo truco del “yo no sabía nada”, que en la España de Sánchez se repite más que el ajo en una mala paella.

Gallardo, el político indignado

Pero volvamos a Gallardo, porque su papel merece un capítulo aparte. Fue él quien amparó la plaza, él quien permitió que el sillón dorado de la Diputación acabara en manos de David Sánchez. Y ahora, cuando la justicia dice que hay indicios suficientes para sentarle en el banquillo, Gallardo corre a hacer lo que mejor sabe: gritar que todo es persecución, que los jueces están politizados, que es víctima de una caza de brujas.

El problema es que esa cantinela ya cansa. Porque cada vez que un político es sorprendido en algo turbio, la primera defensa no es demostrar su inocencia, sino atacar a quien le investiga. Y en este caso la ironía es doble: Gallardo acusa a los jueces de politizar la justicia, mientras él politiza hasta su propia defensa.

La responsabilidad del presidente

Aquí nadie debería perder de vista lo esencial: el hermano del presidente está acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Y por mucho que se intente separar al hermano de la Moncloa, es imposible. Porque no hablamos de un primo lejano ni de un cuñado incómodo, hablamos de alguien que ha pasado largas temporadas en la residencia presidencial, que ha disfrutado de un cargo público cuestionado desde el inicio y que ahora se enfrenta a un juicio.

Pedro Sánchez podrá repetir mil veces aquello de “mi familia no es asunto de gobierno”, pero lo cierto es que su familia ha vivido del poder político, ha ocupado cargos creados a medida y ha declarado residencias fiscales que no cuadran. Si eso no es asunto público, que venga Quevedo y lo escriba en verso.

España, un país de paradojas

Mientras tanto, el relato oficial intenta normalizarlo todo. Que un hermano del presidente se siente en el banquillo no es más que “ruido político”. Que un alcalde diga que los jueces hacen política no es un ataque a la democracia, sino una “opinión legítima”. Que un presidente no sepa dónde tributa su propio hermano es un simple “despiste”.

La paradoja es que, en cualquier otro país europeo, un escándalo así habría provocado dimisiones inmediatas, portadas internacionales y hasta crisis de gobierno. Aquí, en cambio, se tapa con banderas, con ruido exterior, con el viejo truco del “mirad a Gaza, mirad a Netanyahu, mirad a Ayuso”. Cualquier cosa menos mirar al patio de casa.

Conclusión: el juicio de todos

El juicio que ahora se abre en Badajoz no es solo contra el “hermanísimo” ni contra Gallardo y compañía. Es, en cierto modo, un juicio contra la forma de gobernar que ha normalizado el nepotismo, los privilegios y la impunidad. Si el hermano del presidente puede conseguir un cargo hecho a medida y residir en Moncloa mientras engaña a Hacienda, ¿qué no podrá hacer un ciudadano de a pie con buenos padrinos?

La España de Sánchez se ha convertido en un escenario donde los sillones se reparten como favores y donde, cuando la justicia toca la puerta, la respuesta es culpar a los jueces. Como decía mi abuela: “quien hace la cama, que se acueste en ella”. Y aquí la cama lleva las iniciales de Moncloa bordadas en las sábanas.