La impunidad se ha convertido en la religión del sanchismo. Ya no es una sospecha, ni una grieta en el sistema: es la norma, el código interno de un Gobierno que ha aprendido a sobrevivir en el fango moral sin mancharse la chaqueta. En España ya no se roba en silencio, se hace con rueda de prensa, con aplauso ministerial y con cobertura institucional. La impunidad ya no es un error del sistema: es el sistema.
Pedro Sánchez ha convertido la democracia en un espectáculo de sombras donde el poder no rinde cuentas, lo compra todo: conciencias, votos, silencios, titulares y hasta fiscales. Lo que antes era un escándalo hoy es un trámite más del Consejo de Ministros. Porque lo más grave no es que haya corrupción; lo verdaderamente insoportable es que la corrupción se defienda desde el atril de Moncloa, como si la Constitución hubiera dejado de ser un contrato social para convertirse en un papel mojado bajo la lluvia de la propaganda.
Cuando la impunidad sustituye a la justicia
Ahí tenemos al fiscal general, Álvaro García Ortiz, sentado ante el Supremo por desvelar información confidencial sobre un ciudadano —la pareja de Isabel Díaz Ayuso— y violar el secreto que juró proteger. Y lo hace con el respaldo tácito de un Gobierno que, lejos de censurar el abuso, lo celebra como una victoria política. ¿Cómo se llama eso? Se llama impunidad. La misma que viste toga, que firma comunicados desde la Abogacía del Estado y que actúa como escudo del poder en lugar de garante de la ley.
Mientras tanto, en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Sánchez, se presenta a las elecciones como candidato del PSOE. Y lo hace con la bendición pública de su jefe, con Pedro Sánchez sonriendo en la foto, como si la ética fuera un lujo de los tontos y la justicia una ficción televisiva. El partido que un día presumía de tener un código ético, hoy lo usa como mantel en sus banquetes de poder.
Y como si el festín de la impunidad no estuviera servido, llega el caso de las mascarillas. El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Tres hombres que hicieron negocio en plena pandemia, mientras miles de españoles morían solos en sus casas. No son solo corruptos: son carroñeros del dolor. Pero nada se rompe. Nadie dimite. Nadie pide perdón. Porque en el nuevo orden de Sánchez, la vergüenza ya no cotiza en bolsa.
El Gobierno protege a los suyos con un celo enfermizo, utilizando el aparato judicial como un cortafuegos político. La Abogacía del Estado y la Fiscalía, que deberían ser pilares de independencia, se han convertido en brazos del poder: instrumentos de defensa partidista, excusas con toga. Ya no interpretan la ley, la reinterpretan. Ya no juzgan el abuso, lo justifican. Y mientras los medios subvencionados blanquean el desastre, la oposición se desgasta discutiendo entre sí cómo definir una dictadura que ya tiene forma y manual de instrucciones.
Lo peor de todo es cómo esta normalización ha anestesiado a la sociedad. Lo que antes provocaba manifestaciones y dimisiones hoy apenas genera un suspiro. En otras épocas, con gobiernos de diferentes siglas, bastaba una sospecha para pedir responsabilidades; hoy, ni un juicio abierto ni un escándalo documentado bastan para despertar al ciudadano medio. El sanchismo no solo ha colonizado las instituciones: ha dormido la conciencia colectiva.
Por eso este país necesita reaccionar. Urge un levantamiento cívico, pacífico pero implacable, de los que todavía creen en la ley y en la decencia. Que hablen las asociaciones, los sindicatos que no se han vendido por subvenciones, los autónomos, los empresarios, los profesores, los médicos, los abogados, los fiscales dignos y los jueces que aún creen en la justicia. Que salgan todos juntos a la calle a poner freno a este colonizador del poder, a este autócrata disfrazado de demócrata. Porque España no puede seguir secuestrada por un Gobierno que compra silencios y reparte miedo.
Y un mensaje también a esos sindicatos de salón, CCOO y UGT, los comegambas del régimen, que se presentan como defensores del trabajador mientras se llenan los bolsillos con fondos públicos para fiestas, banquetes y congresos. Ya no representan a nadie más que a su propia nómina. Son otro brazo del sanchismo, cómplices por omisión y partícipes de este saqueo institucional que llaman progreso.
Ha llegado el momento de decir basta. De recordar que somos millones los españoles con criterio, que no tragamos propaganda ni aceptamos la impunidad como destino. Porque si este Gobierno ha colonizado el Estado, toca a los ciudadanos recuperar la nación.
España merece dignidad, merece justicia, merece memoria. Y si Sánchez no la respeta, habrá que recordarle que el poder, incluso el más autoritario, también caduca.
