Señores, el domingo 18 de enero, en Adamuz, Córdoba, se nos cayó encima la verdad más cruda: España ya no sabe ni hacer funcionar los trenes. Cuarenta y un muertos —cuarenta y uno, y subiendo, porque aún hay cuerpos bajo los hierros retorcidos—, más de ciento cincuenta heridos, familias destrozadas, y el país entero mirando al cielo preguntándose cómo demonios es posible que en el siglo XXI, en la cuna del AVE que presumíamos de exportar al mundo, dos trenes de alta velocidad se estrellen como si estuviéramos en el siglo XIX.
Un Iryo —esa empresa italiana que vino a darnos lecciones de modernidad— descarrila por los últimos vagones, invade la vía contraria y se come de frente a un Alvia de Renfe. Choque frontal a toda velocidad. No fue un despiste, no fue un despiste del maquinista —aunque el pobre ya está entre los muertos—. Fue algo que huele a fallo estructural, a mantenimiento chapucero, a vía rota, a señalización que falla, a ese “sistema” que nos venden como infalible y que, cuando falla, mata en masa.
Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Sánchez se planta allí con cara de funeral de Estado, decreta tres días de luto oficial —¡qué generoso, tres días!—, promete “dar con la verdad” y posa para la foto con los bomberos. Óscar Puente, el ministro de Transportes, balbucea que “hay rotura de vía” pero no sabe si es causa o consecuencia. Claro, hombre, como si en Adif no tuvieran los sensores, los registros, las cajas negras y los millones de euros invertidos en tecnología para que no sepamos nada hasta que pase el tiempo y se enfríe el escándalo.
¿Y quién paga? Nosotros. Los que pagamos peajes, IVA, impuestos especiales, y ahora también el entierro de cuarenta y un españoles que confiaron en que el tren era seguro. Porque aquí, en esta España de postureo y propaganda, lo importante es que el AVE llegue a tiempo a Bruselas para pedir más fondos, no que llegue vivo a Córdoba o a Huelva.
Esto no es un accidente. Es un crimen por negligencia. Es el resultado de una clase política que ha convertido la infraestructura en un chiringuito de amiguetes, de adjudicaciones opacas, de empresas fantasma y de revisiones que se firman con el boli en la mano izquierda mientras con la derecha se cobra la mordida. Iryo pasa la ITV cuatro días antes —¡cuatro días!— y de repente descarrila. ¿Casualidad? No me hagan reír.
Y lo peor: la oposición calla o farfulla. El PP, que gobernó durante años y dejó también su rastro de chapuzas ferroviarias, ahora se limita a pedir “investigación independiente”. Independiente de qué, ¿de la realidad? Porque la realidad es que llevamos décadas sin invertir lo suficiente en mantenimiento de vías convencionales mientras presumimos de alta velocidad. Y cuando la alta velocidad falla, no hay marcha atrás: es hierro contra hierro, vida contra muerte.
España entera está de luto, pero no por tres días de banderas a media asta. Estamos de luto porque nos han matado la confianza. Porque ya no creemos que el tren nos lleve a casa, sino que nos puede llevar al cementerio. Porque el Gobierno nos trata como a niños: “Tranquilos, investigaremos”. Y mientras investigan, entierran a los muertos y entierran la verdad bajo toneladas de hormigón y mentiras.
A los cuarenta y un que ya no volverán, a los heridos que lucharán toda la vida con secuelas, a las familias que esta noche no duermen: perdónenme la rabia, pero es que duele demasiado ver cómo un país que fue capaz de construir el AVE desde cero ahora no es capaz ni de mantenerlo en pie. Esto no es fatalidad. Esto es fracaso colectivo. Y los responsables —los de ayer, los de hoy— deberían dimitir o callarse para siempre.
Porque en Adamuz no solo descarrilaron dos trenes. Descarriló España.
