Amnistía ilegal: Bruselas lleva a España ante el TJUE La Comisión Europea ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Ley de Amnistía aprobada en España, al considerar que vulnera los principios de igualdad ante la ley y la directiva europea contra el terrorismo. El gesto, inédito, supone una ruptura formal con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya había sido advertido de que la norma atentaba contra el Estado de Derecho.
¿Qué ha ocurrido exactamente?
El martes 16 de julio de 2025, la Comisión Europea formalizó la interposición de una demanda ante el TJUE por considerar que la Ley de Amnistía española —impulsada por el Gobierno del PSOE y apoyada por sus socios separatistas— constituye una amnistía ilegal a ojos del Derecho comunitario.
Según fuentes comunitarias, la norma infringe de manera directa el principio de igualdad ante la ley, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y colisiona con la Directiva (UE) 2017/541 sobre lucha contra el terrorismo, que exige la investigación y castigo de delitos terroristas, incluso cuando hayan sido cometidos con motivaciones políticas.
El foco está en los casos de prófugos como Carles Puigdemont, y en delitos graves como malversación, desórdenes públicos agravados y terrorismo, cometidos presuntamente durante el procés catalán. Bruselas considera que España está otorgando un privilegio improcedente y contrario al orden constitucional europeo.
El terremoto de la amnistía ilegal
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras el PSOE guarda silencio o minimiza el asunto calificándolo de “divergencias interpretativas”, la oposición ha salido en bloque para denunciar que “Europa confirma lo que ya sabíamos: es una amnistía ilegal, pactada para mantenerse en el poder”.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, fue contundente:
“Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas. Lo dijo la justicia española, lo dice Europa. Esta ley no busca reconciliación, busca impunidad”.
Desde Vox, se celebró la acción de Bruselas como una “victoria jurídica del Estado de Derecho frente al chantaje separatista”, y se exigió la suspensión inmediata de los efectos de la ley.
Medios como El Mundo o The Objective han titulado sin rodeos: “Autoadnistía ilegal bajo la lupa europea”, mientras que juristas y catedráticos alertan de que la desobediencia a un futuro fallo del TJUE podría poner en riesgo la permanencia de España en el corazón normativo de la Unión.
Antecedentes de una amnistía ilegal: advertencias ignoradas
La aprobación de la Ley de Amnistía ha sido un proceso turbio, criticado desde su origen por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y hasta por asociaciones judiciales europeas. La Comisión de Venecia también expresó su preocupación por la inseguridad jurídica que generaría una norma hecha a medida de los fugados del procés.
Ya en noviembre de 2023, Bruselas envió varias cartas al Gobierno español pidiendo explicaciones. También el comisario de Justicia, Didier Reynders, se mostró crítico. “Toda amnistía debe ser compatible con el acervo comunitario y no puede debilitar la confianza en el sistema judicial”, advirtió entonces.
Pero el Ejecutivo hizo oídos sordos, priorizando los pactos políticos con ERC y Junts para lograr la investidura. El precio fue el blanqueamiento de delitos de enorme gravedad. Lo que empezó como una jugada táctica para mantenerse en La Moncloa ha derivado en una batalla legal en los tribunales europeos.
¿Puede Bruselas frenar la amnistía ilegal?
La Comisión no solo ha presentado recurso, sino que ha solicitado medidas cautelares para suspender la aplicación de la ley mientras el TJUE resuelve el caso. Si el Tribunal acepta estas medidas, la ley quedará congelada, impidiendo que se ejecuten indultos o cesen procesos judiciales en curso.
Además, si España ignora una sentencia condenatoria, la UE podría abrir un procedimiento de infracción más grave, con sanciones económicas y restricciones legales. Incluso se podría afectar la percepción internacional de la seguridad jurídica del país, impactando inversiones y relaciones diplomáticas.
El caso es comparable al pulso que la UE ha mantenido con Polonia y Hungría por violaciones del Estado de Derecho. Pero lo que en esos países eran reformas judiciales autoritarias, en España se trata directamente de un acto de impunidad política sin precedentes.
El refrán lo dice claro
«Quien hace la ley, hace la trampa»… pero Europa ha pillado al tramposo.
Lo que Sánchez vendió como un acto de “normalización democrática”, ha acabado retratado como lo que siempre fue: una ley hecha para perdonarse a sí mismo y a sus socios. Una autoadnistía disfrazada de reconciliación. Una claudicación ante quienes atacaron la unidad del Estado.
Europa, que tantas veces ha servido de escudo para los argumentos del sanchismo, hoy se convierte en juez. Y no es un juez cualquiera: es el TJUE, el corazón judicial del proyecto europeo. Si esta amnistía ilegal cae por sentencia, caerá también una de las mayores farsas políticas de la democracia española. Y con ella, quizá, el gobierno que la promovió.
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