La humillación es ya oficial. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas y ha convertido la palabra “amnistía” en sinónimo de claudicación. Con el respaldo del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha consumado la mayor traición institucional desde la Transición. Sánchez humilla a España, y lo hace sin disimulo, sin pudor y con la complicidad entusiasta de su corte de aduladores y de los enemigos declarados de la unidad nacional.
Sánchez humilla a España por seguir en el poder
Este 25 de junio, el Tribunal Constitucional —controlado por una mayoría afín al Ejecutivo— ha respaldado la ley de amnistía impulsada por el PSOE, que perdona delitos relacionados con el proceso separatista catalán cometidos entre 2012 y 2023. El resultado: más de 370 personas quedan impunes, incluidos golpistas condenados, huidos como Carles Puigdemont, y hasta responsables policiales de 1-O. Una amnistía con carácter retroactivo, construida sobre la mentira y la necesidad enfermiza de mantenerse en el poder.
Y todo esto ocurre tras años de declaraciones en sentido contrario. Pedro Sánchez prometió a los españoles que no habría amnistía, que sería ilegal, que jamás cedería al chantaje. Hoy, sus palabras están en los vídeos, en las hemerotecas… y en la memoria de millones de votantes traicionados.
Sánchez humilla a España al renegar de sus propios principios y al convertir el BOE en un instrumento de favores a medida. La ley ya no es igual para todos: ahora depende de a quién necesites para seguir gobernando.
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¿Qué papel juegan los bufones del régimen?
Resulta grotesco ver cómo quienes antes hablaban de «inaceptable», «inconstitucional» o «vergonzoso», hoy se arrodillan en fila. Salvador Illa, el ministro que en 2020 decía que una amnistía sería un “agravio brutal al resto de españoles”, hoy pide al Supremo que “no obstaculice su aplicación”. La hipocresía se ha institucionalizado.
Los ministros, portavoces y altos cargos del PSOE se han convertido en una troupe de lacayos, dispuestos a aplaudir todo lo que huela a poder, aunque sea a costa de dinamitar la legalidad. La dignidad, para esta generación de políticos, es un estorbo. Lo que importa es la silla. Y si para conservarla hay que humillarse ante Puigdemont, se hace.
La imagen simbólica es clara: Sánchez humilla a España mientras su Gobierno entero se agacha para complacer a quien ayer llamaban golpista. Porque eso es lo que han hecho: agacharse. Moralmente, jurídicamente y políticamente. Se han bajado los pantalones ante el independentismo y lo han hecho con entusiasmo.
La falsa narrativa de la convivencia
Moncloa y el TC intenta vender esta rendición como un “paso hacia la convivencia”. Pero la realidad es muy distinta. La amnistía no busca cerrar heridas, sino abrir nuevas. Se ha excluido del perdón a ciudadanos que defendieron la ley, como policías y jueces. Se ha deslegitimado al Tribunal Supremo. Se ha lanzado un mensaje demoledor: romper España sale gratis… y hasta te premian.
Con esta ley, no se soluciona el conflicto catalán. Se consolida el chantaje. Se envía la señal de que el Estado está dispuesto a regalar impunidad si eso garantiza unos meses más de estabilidad parlamentaria. El problema territorial no se resuelve, se multiplica.
Porque si hoy se amnistía a quienes desafiaron al Estado, mañana se permitirá que lo vuelvan a hacer. Lo ha dicho Puigdemont con claridad: el referéndum es el siguiente paso. Y ahora no hay barrera legal ni moral que se lo impida.
La fractura nacional ya está en marcha
Sánchez humilla a España, pero no solo como gesto simbólico. Lo hace con consecuencias muy concretas. La ley de amnistía ha abierto una grieta profunda en la sociedad española. Ya no se trata solo de una lucha entre izquierda y derecha, entre PSOE y PP. Es una fractura entre los que creen en la igualdad ante la ley y los que defienden los privilegios políticos como moneda de cambio.
Comunidades como Madrid, Galicia, Castilla y León o Andalucía miran con indignación cómo se negocia la impunidad para Cataluña mientras ellas cumplen con las reglas. La España de ciudadanos iguales ha muerto. Ahora hay territorios con vía libre para desobedecer, si tienen los votos que Sánchez necesita.
La fractura también es institucional: los jueces están en pie de guerra, los fiscales divididos, el Tribunal Supremo desautorizado y el Constitucional convertido en apéndice del Gobierno. ¿Quién garantiza ahora la separación de poderes? ¿Quién defiende a los españoles que cumplen la ley?
Editorial: un presidente sin patria, sin palabra y sin alma
Sánchez no pasará a la historia por su gestión económica, ni por su política exterior, ni por avances sociales. Pasará a la historia por esto: por haber humillado a su país con tal de aferrarse al sillón de la Moncloa. Por vender la justicia. Por pactar con delincuentes. Por dinamitar los cimientos constitucionales.
Lo que ha hecho hoy no tiene perdón ni reparación posible. Los gobiernos pasan, pero las heridas de esta decisión durarán generaciones. Y lo que es más grave: ha enseñado a futuros presidentes que el poder vale más que la ley, que el fin justifica cualquier medio, y que España es negociable.
Sánchez humilla a España con premeditación, con alevosía, y con una sonrisa cínica. Y su legado será el de un político que hizo historia… por haber sido el primero en traicionar todo lo que un presidente debía defender.
¿Y ahora qué?
Lo que viene es un periodo de inestabilidad. Puigdemont volverá con honores. El independentismo exigirá más. Se convocarán mesas de diálogo donde se negociará lo innegociable. La fractura seguirá creciendo.
Pero también crecerá la resistencia. Porque España no se rinde tan fácil. Porque millones de ciudadanos no están dispuestos a aceptar que su país sea repartido en pactos secretos. Porque aún hay jueces, periodistas, militares retirados, ciudadanos y políticos que no se agachan.
Y porque la historia enseña que los traidores caen… y la verdad siempre encuentra su camino.
