De los menores a todos: cuando el control digital se disfraza de protección
El control digital vuelve a escena con un nuevo envoltorio. Esta vez no se presenta como censura ni vigilancia, sino como “protección de menores”. El Gobierno de Pedro Sánchez propone limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años, pero el movimiento encaja —demasiado bien— en una estrategia más amplia: extender el control digital sobre la vida cotidiana de todos los españoles.
No es una medida aislada. Es un capítulo más del mismo libro.
Este control digital se suma a otras medidas de vigilancia impulsadas por el Gobierno que afectan a la economía, la privacidad y ahora al discurso público, consolidando un modelo donde el poder político amplía su supervisión sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
Control digital: el patrón que se repite
Para entender este control digital hay que mirar el mapa completo. En los últimos años, el Ejecutivo ha ido tejiendo una red de regulaciones que convergen en un mismo punto: saber, registrar y condicionar.
Autónomos, pymes y empresas, con la factura digital obligatoria, que convierte cada transacción en rastro permanente.
Pagos entre particulares, con la fiscalización creciente de Bizum.
Venta de segunda mano en plataformas, obligando a identificar y declarar operaciones mínimas.
Limitaciones al efectivo, mientras se predica la transparencia… y otros reparten sobres con lechugas, chistorras y soles en Ferraz.
Restricciones al efectivo, porque el dinero libre molesta cuando el control digital del dinero y la supervisión de los pagos necesitan trazabilidad total.
El mensaje es claro: confía en el Estado, pero el Estado no confía en ti. Y cuando el control económico ya está avanzado, el siguiente paso lógico es el control del discurso público.
Todo forma parte del mismo esquema de supervisión digital, donde cada medida aislada cobra sentido dentro de una estrategia global de vigilancia política y social.
Del “bulo” al silencio: el control digital de la palabra
Aquí aparece la palabra mágica: desinformación. O, traducida al dialecto oficial, facha, fachosfera, bulo. Etiquetas elásticas que permiten al control digital señalar y arrinconar cualquier voz incómoda.
Se vuelve a deslizar la idea de un órgano supervisor que decida qué se puede decir en redes sociales. ¿Quién decide? ¿Con qué criterios? ¿A quién afecta? Nadie lo explica, pero todos lo intuimos.
Con ironía —y no tanta— uno imagina un “Ministerio del Relato Digital” con comisarios de confianza:
Óscar Puente,
Javier Ruiz (TVE),
Leire Díez,
David Broncano,
Silvia Intxaurrondo,
Sarah Santaolalla.
La pregunta incómoda es otra: ¿esta supervisión tecnológica eliminará también el discurso de la “cajera de Podemos”, cargado de odio y con un mensaje explícito de exterminar a la derecha?
¿O este control del relato solo se aplica a quien no comulga con el credo oficial?
Europa avisa: el control digital no es ilimitado
Hay un freno —de momento— a este impulso. Europa ya ha advertido que parte de las competencias que el Gobierno pretende asumir no le corresponden. El marco comunitario, con normas como el Digital Services Act (DSA), establece límites claros.
Bruselas recuerda que el control digital:
- No puede convertirse en censura previa.
- No puede crear órganos nacionales que contradigan la legislación europea.
- No puede vaciar la libertad de expresión bajo la excusa de “proteger”.
El aviso existe, pero el rumbo no cambia: el control digital sigue avanzando por acumulación, medida a medida, excusa a excusa.
El control digital como forma de gobierno
El móvil no es el problema. Las redes no son el problema. Los menores no son el problema.
El problema es un poder político que desconfía del ciudadano, teme la crítica y necesita control digital para sostener el relato.
Primero te dicen cómo pagar.
Luego qué vender.
Después cómo facturar.
Y al final qué decir.
Porque cuando un Gobierno necesita control digital para gobernar, es que ya no gobierna: administra el miedo.
Como dice el refrán, actualizado a la era del algoritmo:
quien empieza controlando por tu bien, acaba silenciando por su bien.
El control digital no es una anécdota ni una ley concreta, es el modelo de gobernanza que el sanchismo intenta normalizar bajo la excusa de la seguridad y la protección.
