La justicia en España atraviesa un momento de desolación e incoherencia sin precedentes. La reciente actuación del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE de Andalucía ha dejado claro que el presidente del Gobierno, ejerce un control absoluto sobre esta institución, un poder que pone en peligro la democracia y el estado de derecho en nuestro país.
El caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la historia de España, había sido examinado minuciosamente por una quincena de jueces de instrucción, la Audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo. Todos coincidieron en la existencia de una trama corrupta que, desde las más altas esferas del Gobierno andaluz, distribuyó de manera opaca y clientelar 679 millones de euros durante una década. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado, parcial o totalmente, las condenas de prevaricación y malversación de varios ex altos cargos del PSOE, dejando en papel mojado años de investigaciones y sentencias firmes.
Esta intervención del Tribunal Constitucional, ha sido criticada por numerosos juristas que consideran que se ha extralimitado en su análisis del caso. La decisión de anular la malversación y revisar la prevaricación, salvo en casos muy específicos, mina la credibilidad de la verdadera justicia y crea un peligroso precedente: «la justicia está al servicio del poder político«.
La ciudadanía española, que cumple con las leyes, normas y obligaciones, observa con incredulidad cómo los políticos pueden malversar, prevaricar y actuar con total impunidad. Es una auténtica vergüenza que el dinero público se haya gastado en prostíbulos, cocaína y maletas llenas de dinero sin que haya consecuencias reales para los responsables. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional, bajo la influencia del gobierno, se asegura de que estos actos queden impunes.
El Partido Popular de Andalucía, por su parte, no está dispuesto a que este caso quede en el olvido. Recuerdan constantemente el dinero guardado en maletas y el destinado a actividades ilícitas, exigiendo justicia para los ciudadanos que han sido defraudados. Sin embargo, la sucesión de exculpaciones y la liberación de condenados como Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, y Carmen Martínez Aguayo, exconsejera, demuestra que la justicia está lejos de ser imparcial y efectiva.
La actuación del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE no solo es un golpe a la justicia, sino un ataque a la democracia misma. Cuando los políticos pueden actuar sin temor a las consecuencias, se destruye la fe de la ciudadanía en las instituciones y se debilita el estado de derecho. España necesita una justicia independiente y fuerte, capaz de enfrentarse al poder político y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
En este contexto, es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación y las fuerzas políticas responsables unan esfuerzos para restaurar la integridad de nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar que la justicia no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos. La desolación y la incoherencia actuales deben ser sustituidas por una firme defensa de la democracia y la justicia.
