La cesión de competencias en inmigración a Cataluña no es una simple decisión administrativa: es la confirmación de que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometido al chantaje permanente de sus socios separatistas. No gobierna España, gobierna el prófugo Carles Puigdemont, quien desde su refugio en Waterloo dicta las condiciones mientras el presidente del Gobierno se humilla una y otra vez con el único objetivo de seguir en La Moncloa un día más.
Este acuerdo es inmoral, indigno y posiblemente roza la línea del delito penal. Con tal de mantener sus siete votos de oro, el Ejecutivo se ha atrevido a regalarle a la Generalitat facultades que vulneran la propia Constitución y que rompen el principio de igualdad entre los españoles. La inmigración es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.2 de la Constitución, y cederla a una comunidad autónoma supone una violación flagrante del ordenamiento jurídico. Además, el artículo 149.1.10 establece que la gestión de fronteras y aduanas también es exclusiva del Estado, lo que refuerza la ilegalidad de este acuerdo.
La cesión de inmigración no solo rompe la unidad de España, sino que crea desigualdades entre los ciudadanos. Un inmigrante que llegue a Barcelona será tramitado por la Generalitat bajo sus propios criterios, mientras que otro que llegue a Madrid estará sujeto a los criterios del Gobierno central. ¿Acaso existen dos tipos de ciudadanos en España? Esta fractura en la aplicación de las leyes pone en riesgo la seguridad jurídica y allana el camino para un modelo confederal encubierto.
Impacto económico y coste para los españoles
Esta cesión también tiene un coste económico que pagarán todos los españoles. La gestión de la inmigración supone un gasto millonario en infraestructuras, personal y tecnología, y ahora el Estado transferirá esos recursos a la Generalitat. El traspaso de competencias irá acompañado de una financiación especial, lo que significa que los impuestos de todos los españoles financiarán la construcción de una estructura de Estado para el independentismo.
No olvidemos que este acuerdo se produce en el contexto de la condonación de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, una cifra que los ciudadanos del resto de comunidades tendrán que asumir. En definitiva, el separatismo sigue exprimiendo a los españoles sin renunciar a su objetivo final: la independencia.
El objetivo de los independentistas: salir de España paso a paso
Este acuerdo no es un gesto administrativo ni una concesión menor. Es el primer paso hacia la construcción de un Estado propio para Cataluña dentro de España. El control de la inmigración permite a la Generalitat gestionar quién entra y quién sale, establecer sus propias políticas de arraigo y crear una base demográfica favorable a su proyecto independentista.
Carles Puigdemont lo ha dejado claro: este acuerdo es una «victoria histórica» que acerca a Cataluña a la autodeterminación. Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez, desesperado por mantenerse en el poder, sigue entregando herramientas clave al separatismo sin exigir nada a cambio. Cada concesión fortalece el camino hacia la ruptura, y este Gobierno ha demostrado que no tiene límites a la hora de ceder.
El asalto a la Constitución y la descomposición de España
La situación es crítica. No hay estrategia, no hay principios, no hay interés general. Solo hay cesiones, pagos de favores y una clase política que ha vendido su dignidad por un sueldo y un sillón. Mientras tanto, los españoles ven cómo su país se desmorona, cómo el Gobierno entrega la soberanía nacional por partes y cómo los separatistas celebran su victoria sin haber tenido que dar nada a cambio.
Cada concesión es un golpe a la unidad de España, una puñalada a la Constitución y una demostración de que este Gobierno no tiene límites morales. La pregunta es: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para seguir en el poder? Y la respuesta, visto lo visto, da verdadero miedo
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