En este momento, se desarrolla la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta su polémico plan de ‘regeneración’ del sector de los medios de comunicación. Anunciado hace dos semanas en una entrevista en la Cadena SER, este plan ha generado un intenso debate
Sánchez ha defendido su iniciativa afirmando que busca reducir los bulos y la toxicidad que, según él, se difunden a través de los ‘pseudo-medios’ y los “tabloides digitales de ultraderecha”. La medida estrella de su plan es un paquete de ayudas de cien millones de euros para la digitalización de los medios, financiado con fondos europeos. Este es un intento de controlar y silenciar a la prensa independiente, especialmente en un momento en que su gobierno se encuentra asediado por investigaciones de corrupción que involucran a su entorno familiar y cercano.
Carlos Núñez, presidente de Prisa Media, ha expresado su apoyo al plan durante la pasada Junta de Accionistas del grupo, instando a una batalla contra los medios que practican el «sucedáneo de periodismo». Por otro lado, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, ha criticado la Ley de Prensa vigente y ha mostrado su acuerdo con las medidas de transparencia propuestas por Sánchez. Sin embargo, este respaldo se ve con sospecha, pues parece alinearse con una estrategia gubernamental para eliminar a competidores incómodos y críticos.
Entre las medidas más controvertidas, Sánchez ha propuesto la reforma de las leyes sobre el Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, y la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación. Estas reformas pretenden incrementar la protección de los aludidos en las noticias, lo cual podría utilizarse para presionar a los medios críticos y limitar la libertad de prensa.
La reforma de la normativa de publicidad institucional es otra de las medidas que ha despertado preocupación. Según Sánchez, este cambio busca aumentar la transparencia en las inversiones públicas en medios de comunicación y limitar la dependencia financiera de estos. No obstante, críticos del plan, como el diario ABC, argumentan que se trata de una táctica para asfixiar financieramente a los medios no alineados con el gobierno, calificando las intenciones del presidente como un intento de censura y control.
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que Sánchez pretende controlar los medios de comunicación para desviar la atención de los escándalos de corrupción que afectan a su entorno. Feijóo ha acusado al presidente de atacar a la prensa en lugar de ofrecer explicaciones sobre las reuniones en Moncloa con su esposa y empresarios controvertidos.
Desde otros sectores políticos, Sumar y Podemos han mostrado su apoyo al plan de Sánchez, incluso sugiriendo medidas más estrictas para regular los medios de comunicación.
La sesión plenaria en el Congreso sigue desarrollándose, mientras la sociedad española observa con atención y preocupación las implicaciones de este plan, que podría marcar un antes y un después en la relación entre el gobierno y la libertad de prensa en España. Lejos de ser una medida para mejorar la transparencia y combatir la desinformación, muchos ven en esta iniciativa un peligroso intento de consolidar el control gubernamental sobre los medios de comunicación y silenciar las voces críticas.