Si algo ha demostrado Oscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, en su breve pero polémico mandato, es una alarmante dejadez de funciones, pasividad ante situaciones críticas, y una notable destreza para esparcir culpas a otros, eludiendo las responsabilidades que deberían recaer sobre él.
Su gestión ha estado marcada por numerosos errores, desde el desastre en la red ferroviaria, caso Koldo, insultos en redes sociales, la provocación constante, y un sinfín de actitudes que han dejado en evidencia su incapacidad para desempeñar su cargo, más propio de un bufón de corte que de un ministro.
Uno de los fracasos que podemos sumar a su gestión es la legislación sobre aeronaves no tripuladas, conocidas como UAS (Unmanned Aircraft Systems). La normativa europea sobre estos dispositivos debía haberse adaptado en España en 2019, después de que la Comisión Europea adoptara los requisitos técnicos aplicables en toda la Unión Europea el 12 de marzo de ese año. Sin embargo, en España, la normativa no entró en vigor hasta el 25 de junio de 2024, cinco años después, con la promulgación del Real Decreto 517/2024, alcanzando la fecha límite permitida por Europa.
Este Real Decreto ha generado una profunda división entre los pilotos de drones, quienes han criticado duramente la interpretación restrictiva del ministerio. La normativa, en lugar de seguir las directrices europeas para garantizar la seguridad y eficiencia, ha sido modificada para ejercer un control excesivo sobre el sector, ignorando las opiniones de los profesionales y aficionados que operan drones diariamente. El resultado es una normativa que cataloga a los drones como armas potencialmente peligrosas y a sus pilotos como amenazas terroristas.
La Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) ha decidido emprender acciones legales para impugnar este decreto, alegando que sus derechos están siendo ignorados. Una de las medidas más controvertidas es la obligación de registrar todos los drones en el Ministerio del Interior, incluyendo el número de serie y los datos del comprador y vendedor. Este registro debe completarse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, antes del 25 de diciembre de 2024.
Esta medida ha sido considerada desproporcionada en comparación con la normativa europea, lo que representa uno de los errores del Ministro Óscar Puente. Se obliga a cumplir normas sin proporcionar las herramientas necesarias para ello, dedicando poco tiempo y recursos. Han estimado que el registro (obligatorio según el Real Decreto) podría estar finalizado para finales del primer cuatrimestre de 2025, es decir, 15 meses para poner en marcha una base de datos y un formulario, que seguro tendrá un elevado coste.
Además, otra de las obligaciones impuestas por el Real Decreto es la de comunicar al Ministerio del Interior cualquier vuelo en zona urbana. A pesar de que la normativa ya está en vigor, los formularios y la base de datos necesarios para realizar estas comunicaciones no están actualizados, lo que demuestra la falta de previsión y planificación por parte del ministerio.
El desastre de Oscar Puente se hace evidente al imponer normas que resultan difíciles, cuando no imposibles, de cumplir en los plazos establecidos. Si la verdadera preocupación del ministerio fuera la seguridad, como se argumenta en el Real Decreto, habrían sido capaz de adaptarse más a normativa Europea y no a experimentos que llevan a un objetivo principal, EL CONTROL.
Sin duda una más de un ministro que nos seguirá dando tardes de gloria.
