La plataforma actúa exclusivamente como un intermediario para la distribución de productos digitales. El contenido y las opiniones expresadas en los productos disponibles para su compra son responsabilidad exclusiva de sus autores. La plataforma no avala ni garantiza la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en las obras distribuidas.
En la historia reciente de las universidades públicas españolas, no hay caso más grave ni más bochornoso que el de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, promovida, diseñada, registrada y dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo demuestra el demoledor dictamen de 101 páginas recientemente aprobado.
Durante más de siete meses, la comisión de investigación ha trabajado con rigor y profundidad: 17 comparecencias, más de 150 documentos analizados y un dictamen final que señala con nombres y apellidos a los responsables políticos de este escándalo institucional sin precedentes.
En este contexto, el trabajo de Mercedes Zarzalejo, portavoz del Grupo Popular en la comisión, ha sido excelente e incuestionable. Su dedicación, claridad en las exposiciones y capacidad para reflejar en las conclusiones la gravedad de los hechos han sido claves en este proceso, que deja al descubierto uno de los episodios más deshonrosos de nuestra democracia reciente.
Una cátedra «exprés» nacida en Moncloa
El dictamen revela que la cátedra fue creada ad hoc por orden directa del rector Joaquín Goyache tras una reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa con la propia Begoña Gómez. El entonces vicerrector Doadrio lo confesó en sede parlamentaria: “El rector me dijo: ‘tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente’”. Poco después, la esposa del presidente ya actuaba como directora de esa cátedra sin cumplir ni uno solo de los requisitos exigidos por el reglamento universitario: no era personal docente, no tenía título universitario oficial, y mucho menos experiencia investigadora.
Y aún más grave: la documentación para tramitar la cátedra llegó directamente desde Presidencia del Gobierno, enviada por Cristina Álvarez, la asistente de Gómez adscrita al Gabinete de Pedro Sánchez. Esta misma asesora —pagada con fondos públicos— gestionó correos, elaboró documentos y asistió a reuniones de una cátedra universitaria en lo que solo puede calificarse como un uso ilegítimo de recursos del Estado con fines particulares.
La cátedra que no enseñaba, pero sí facturaba
Dos másteres se vincularon a la cátedra. Uno de ellos fue cancelado por falta de alumnos; el otro, por su nula rentabilidad. Sin embargo, Begoña Gómez cobró más de 71.000 euros entre 2020 y 2024 por “colaboraciones académicas”, una cifra casi ocho veces mayor que la percibida antes de que su esposo llegara a la presidencia. Todo ello, impartiendo clase y dirigiendo cursos para los que ni siquiera cumplía el nivel académico exigido a los propios alumnos.
La Universidad Complutense, lejos de proteger su reputación, permitió estos abusos con la connivencia del rector. La institución —una de las más antiguas y prestigiosas de Europa— se convirtió en una plataforma personal al servicio de los intereses de la esposa del presidente, que incluso utilizaba el Palacio de La Moncloa como centro de operaciones para reuniones, tutorías y grabaciones.
La plataforma desaparecida… registrada a nombre de Begoña Gómez
El núcleo del escándalo está en una plataforma digital de medición de impacto social, desarrollada gratuitamente por empresas como Indra, Telefónica o Google, y valorada en más de 423.000 euros. ¿El problema? La Universidad nunca recibió formalmente el software, pese a que las empresas aseguraron haberlo entregado en una carpeta digital de acceso compartido. ¿Quién accedía a esa carpeta? Según los testimonios, Blanca de Juan (coordinadora elegida personalmente por Gómez) y la propia Begoña Gómez.
En una maniobra que roza lo delictivo, Begoña Gómez registró a su nombre el logo, el nombre y los fines de la plataforma, y meses después constituyó una sociedad mercantil con la misma marca: TransformaTSC S.L.. El producto, financiado con recursos públicos y trabajo gratuito de grandes empresas, acabó registrado como una empresa privada cuyo único nexo es la esposa del presidente. El refrán lo dice claro: «quien parte y reparte, se lleva la mejor parte.»
El rector Goyache: cobardía académica o sumisión política
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, no solo accedió a la creación exprés de la cátedra, sino que no supervisó debidamente ni los fondos, ni los nombramientos, ni la titularidad del software. Su actuación, según el dictamen, muestra una falta de vigilancia, dejación de funciones y una permisividad escandalosa. El daño reputacional a la universidad es irreparable, y su responsabilidad política es clara.
Goyache ha mantenido en todo momento una versión tibia, tratando de justificar lo injustificable. Pero los hechos hablan por sí solos: la cátedra fue creada desde Moncloa, la directora no tenía título, los fondos fueron gestionados a dedo, el software desapareció, y todo esto se toleró bajo su rectorado. Quien calla, otorga.
Zarzalejo, la voz de la dignidad política
Frente al silencio de Sánchez, las evasivas del rector y el abandono del PSOE y Más Madrid, ha brillado una figura con luz propia: Mercedes Zarzalejo, portavoz del PP en la comisión. Su trabajo ha sido ejemplar, riguroso, sin atajos y con un compromiso absoluto con la transparencia. No ha habido gesto, correo, comparecencia o presupuesto que no haya sido analizado.
Zarzalejo ha demostrado lo que es ejercer la política con responsabilidad, desmontando con datos y con serenidad un montaje universitario convertido en chiringuito presidencial. Y ha puesto negro sobre blanco lo que muchos intuían: que en España hay una red de privilegios que empieza en La Moncloa y acaba en la última licitación pública, pasando por la universidad si hace falta.
El desenlace: Fiscalía, Juzgado y… ¿el final de la impunidad?
El dictamen ha sido aprobado con los votos del PP y Vox. Y será remitido a la Fiscalía, al Juzgado nº41 de Madrid y se solicitará una investigación exhaustiva de la huella digital de los archivos compartidos. Hay indicios evidentes de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida, administración desleal y uso ilegal de recursos del Estado.
Lo que parecía un caso más de enchufismo se ha convertido en un retrato perfecto del clientelismo de las altas esferas. Aquí no hay casualidades, ni lagunas legales: hay una estructura diseñada para colocar a la esposa del presidente en lo más alto sin mérito, sin estudios, sin transparencia y con fondos que no eran suyos.
Si este escándalo no tiene consecuencias, la conclusión es clara: en la España del sanchismo, todo vale si eres del círculo íntimo del poder. Incluso colonizar la universidad.
En un país donde la mediocridad política se ha convertido en una virtud institucional, lo ocurrido con la cátedra de Begoña Gómez es mucho más que un escándalo: es una radiografía obscena de cómo el poder contamina hasta el último rincón de nuestras universidades.
Mercedes Zarzalejo, portavoz del PP en la comisión, ha levantado las alfombras de la Universidad Complutense. Lo que ha salido de ahí no es polvo: es corrupción revestida de máster, favores firmados con membrete oficial y plataformas tecnológicas desviadas al bolsillo privado. Todo ello con la firma de la esposa del presidente del Gobierno y el amparo silencioso del rector Goyache.
No hay precedentes de algo así. Begoña Gómez no tenía título universitario, pero eso no impidió que la Complutense le abriera de par en par las puertas para dirigir una cátedra, crear másteres, facturar más de 70.000 euros y, para rematar, registrar como suya una plataforma digital desarrollada con dinero público y trabajo gratuito de multinacionales.
Peor aún: la sede de este negocio académico no era un campus, sino el mismísimo Palacio de La Moncloa. Allí se hicieron reuniones, vídeos, tutorías, todo a la sombra del presidente Sánchez. Porque aquí, en este país que aún se llama España, hay quien entra a la universidad por nota y hay quien entra por la puerta trasera de la presidencia del Gobierno.
El dictamen ya está listo. Aún no ha sido enviado a Fiscalía ni al juzgado, pero cuando lo sea, se pondrá a prueba no solo la justicia, sino la dignidad institucional. Porque si después de esto no pasa nada, la conclusión será la más cruel de todas: la impunidad también se estudia en la Complutense.
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello.AceptarPolítica de privacidad
