Drones ZEPA: Volar drones en Castilla-La Mancha ya implica pasar por caja
El vuelo de drones en Castilla-La Mancha se está convirtiendo poco a poco en un auténtico laberinto burocrático. Y no hablamos únicamente de operadores profesionales. Hablamos también de aficionados, creadores de contenido, pilotos recreativos y personas que simplemente quieren disfrutar de su dron de forma responsable y legal.
Mientras Europa intenta armonizar la normativa UAS bajo criterios técnicos y de riesgo operacional, en Castilla-La Mancha nos encontramos con un escenario muy distinto: pagar primero y después esperar a que la administración decida si podemos volar.
La situación ha llegado hasta el punto de que, al solicitar información para realizar grabaciones con dron cerca de zonas ZEPA o espacios naturales, la propia administración responde literalmente:
“Este trámite conlleva el pago de la tasa (tarifa 2: tramitación de autorizaciones sobre áreas protegidas y recursos naturales sin desplazamiento al campo) 62,67 €”.
Es decir, antes incluso de valorar si existe o no afección real sobre fauna silvestre, el piloto ya debe pasar por caja. Y es aquí donde empiezan nuestras dudas.
Drones ZEPA: ¿protección ambiental o ánimo recaudatorio?
Nadie cuestiona que determinadas zonas sensibles deban protegerse. Sería absurdo defender vuelos irresponsables sobre especies amenazadas o zonas de nidificación. El problema aparece cuando la administración parece aplicar el mismo criterio prácticamente para cualquier operación con drones sin distinguir altura de vuelo, peso del dron, distancia real, duración, afección efectiva, época del año o características concretas de la operación.
Nos preguntamos si realmente un pequeño dron grabando unos minutos a distancia genera automáticamente una afección ambiental que justifique una tasa administrativa de 62,67 euros. Porque el propio mensaje remitido por la administración deja una sensación evidente: primero se cobra y después ya se estudiará si existe realmente afección.
Y eso empieza a parecer más una política recaudatoria que una regulación técnica moderna y proporcionada.
El aficionado es el gran perjudicado
En el caso de una productora o un trabajo profesional todavía puede añadirse el coste de la tasa dentro del presupuesto del cliente. Pero el verdadero problema aparece para el piloto aficionado.
Quien simplemente quiere practicar, grabar paisaje, aprender o volar una o dos veces por semana debe asumir que cada solicitud puede implicar pagar más de 60 euros solo para intentar obtener autorización. Y aquí es donde la medida pierde todavía más sentido.
No estamos hablando únicamente de grandes operaciones comerciales. Estamos hablando de ciudadanos que ya pagan sus drones, pagan formación, pagan seguros, pagan registro y cumplen normativa europea. ¿También deben pagar constantemente por intentar volar de forma responsable cerca de determinados entornos naturales?
Lo más preocupante es que no parece existir una valoración técnica real previa
El propio correo remitido por la administración demuestra cuál es el procedimiento actual: primero se exige el pago de la tasa y después se valorará si la actividad puede autorizarse o no.
Sin embargo, seguimos sin ver mapas claros, plataformas digitales modernas, delimitaciones precisas, análisis técnicos individualizados o criterios públicos transparentes.
Porque una regulación seria debería analizar las especies afectadas, las épocas reproductivas, las alturas operativas, el ruido, las distancias, el tamaño y peso del dron, la permanencia en vuelo y el riesgo real de la operación. Eso sí sería protección ambiental útil y moderna.
Pero exigir prácticamente el mismo procedimiento para cualquier vuelo cercano a una ZEPA transmite justo la sensación contraria: que resulta más fácil prohibir o cobrar de forma genérica que realizar un verdadero trabajo técnico de evaluación.
¿También se cobran tasas a otras actividades potencialmente más molestas?
Y aquí aparece otra cuestión incómoda. ¿Se aplican realmente criterios similares a helicópteros, motos de campo, circulación reiterada por caminos rurales o determinadas actividades ruidosas que pueden generar molestias mucho mayores?
Porque da la sensación de que el dron se ha convertido en el objetivo más sencillo: visible, tecnológico, fácil de controlar y fácil de limitar administrativamente. Mientras tanto seguimos sin ver una estrategia moderna de integración ambiental y tecnológica.
Debemos hablar de la desinformación que circula en redes sociales
Pero sería injusto centrar toda la crítica únicamente en la administración. Porque dentro del propio sector drones también está creciendo un problema muy preocupante: la desinformación.
Cada vez aparecen más mensajes en redes sociales asegurando que se puede volar libremente en zonas medioambientales porque “las comunidades autónomas no tienen competencias sobre el espacio aéreo”.
Y aquí conviene aclarar algo muy importante.
Que una ZEPA no aparezca en AIP no significa que todo esté permitido
Muchos pilotos escuchan constantemente frases como “si no sale en ENAIRE puedes volar”, “si no está publicado en AIP no existe restricción” o “las comunidades autónomas no mandan en el espacio aéreo”. Pero la realidad jurídica es bastante más compleja.
El AIP, o Publicación de Información Aeronáutica, es el documento oficial donde se publican espacios aéreos, procedimientos, restricciones aeronáuticas, NOTAM y limitaciones relacionadas con la navegación aérea. Es decir, el AIP regula cuestiones aeronáuticas.
Sin embargo, una sanción ambiental no tiene necesariamente origen aeronáutico. Y ahí está el gran error que muchos están transmitiendo.
Las comunidades autónomas sí pueden sancionar afecciones ambientales
Es cierto que las comunidades autónomas no pueden regular el espacio aéreo ni crear categorías aeronáuticas paralelas. Pero sí tienen competencias sobre fauna, medio ambiente, espacios naturales y actividades susceptibles de generar afecciones ambientales.
Eso significa que un piloto podría cumplir AESA, cumplir ENAIRE y no vulnerar ninguna restricción aérea, pero aun así terminar enfrentándose a una sanción ambiental.
Y esto es algo que muchos mensajes simplistas en redes sociales están omitiendo peligrosamente mientras animan a los pilotos a volar “sin pedir nada”.
El problema no es proteger el medio ambiente. El problema es cómo se está haciendo
Defendemos que el modelo actual es desproporcionado y excesivamente recaudatorio. Pero eso no significa fomentar vuelos irresponsables ni vender una falsa sensación de impunidad.
Porque la realidad es que sí pueden llegar sanciones si la administración considera que existe afección ambiental o incumplimiento de normativa sobre espacios protegidos. Dependiendo del supuesto concreto, las multas podrían alcanzar importes importantes.
Pero al mismo tiempo también creemos que la solución no pasa por cobrar tasas automáticas, exigir trámites genéricos o convertir cualquier vuelo cercano a una ZEPA en una barrera burocrática.
Ni prohibir todo ni permitir todo
El gran problema es que actualmente parece que hemos pasado de un extremo al otro. Por un lado, administraciones que aplican procedimientos genéricos, tasas y restricciones automáticas. Por otro, mensajes en redes sociales asegurando que todo está permitido porque “no aparece en AIP”.
Y ninguna de las dos posiciones parece realmente seria.
La solución lógica sería mucho más sencilla: mapas claros, integración digital, delimitaciones reales, restricciones temporales y análisis técnicos proporcionados según la altura, el peso, el tipo de dron, el ruido, la época reproductiva y la afección real.
Porque proteger el medio ambiente no debería significar convertir el vuelo de drones en un peaje administrativo permanente. Pero tampoco debería convertirse en un “haz lo que quieras porque no pasa nada”.
Otras comunidades ya aplican modelos más coherentes
No todas las comunidades autónomas están actuando igual. Existen administraciones que ya han evolucionado hacia modelos mucho más técnicos y proporcionados, donde no todo vuelo requiere autorización y donde se evalúa la afección real sobre fauna antes de imponer restricciones.
Eso demuestra que sí existen alternativas razonables.
El problema no es proteger el medio ambiente. El problema es hacerlo mediante burocracia genérica y tasas automáticas.
Hemos trasladado esta situación tanto a AESA como a la Consejería de Desarrollo Sostenible
Email enviado a AESA
Desde World Dron hemos decidido poner esta situación en conocimiento tanto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, dirigida por Mª Mercedes Gómez Rodríguez.
Nuestro objetivo no es cuestionar la protección medioambiental ni defender vuelos irresponsables en zonas sensibles. Todo lo contrario. Creemos firmemente que la conservación de la fauna y los espacios protegidos debe ser compatible con una regulación moderna, técnica y proporcionada.
Precisamente por ello hemos solicitado que se estudie una evolución del modelo actual hacia sistemas más claros y coherentes, donde se tengan en cuenta factores reales como la altura de vuelo, el tipo y peso de aeronave, la distancia a zonas sensibles, el nivel acústico, la época reproductiva y la afección efectiva sobre fauna.
También hemos trasladado nuestra preocupación por la creciente inseguridad jurídica que genera la falta de integración de estas limitaciones dentro de plataformas aeronáuticas habituales utilizadas por los pilotos, así como por la sensación de automatismo administrativo que provoca exigir el pago previo de tasas antes incluso de realizar una valoración técnica individualizada.
Creemos sinceramente que Castilla-La Mancha tiene la oportunidad de convertirse en una referencia nacional apostando por plataformas digitales modernas, cartografía integrada y criterios técnicos transparentes que permitan proteger realmente el medio ambiente sin convertir el vuelo de drones en un peaje administrativo permanente.
El siguiente paso podría acabar en los tribunales
Cada vez resulta más evidente que este modelo regulatorio terminará generando conflictos jurídicos. Ya existen antecedentes judiciales relacionados con restricciones excesivas sobre drones en espacios protegidos, y muchos juristas empiezan a cuestionar hasta qué punto determinadas tasas y procedimientos podrían resultar desproporcionados.
La cuestión de fondo es muy sencilla: regular para proteger no puede convertirse en regular para recaudar o prohibir en la sombra.
Y mientras algunas administraciones siguen levantando barreras administrativas, el sector drones continúa esperando algo mucho más sencillo: una regulación inteligente, moderna y técnicamente coherente.
Me parece que has utilizado demasiado tiempo para una cosa muy simple, que es que la JCCM exige el pago de una tasa para ciertas gestiones. Punto. Todo lo demás que dices es correcto, pero sobra.
Todo eso habría que decirlo cuando te contestan que no puedes volar.
Como he dicho en varios sitios existen zonas protegidas donde no puedes volar el dron pero vienen cazadores hasta desde Italia para abatir pájaros emigrando.