La guerra psicológica contra España
La guerra psicológica contra España ya no necesita tanques ni una declaración formal. Basta con abrir una frontera, dirigir a decenas de miles de personas hacia Ceuta, colapsar sus servicios públicos y comprobar cómo Pedro Sánchez evita señalar al responsable mientras protege la imagen de Mohamed VI.
Los días 30 y 31 de julio entraron irregularmente en Ceuta más de 80.000 personas. No fue una crisis migratoria espontánea, sino una operación que desbordó a la ciudad, alteró la convivencia y puso en jaque la seguridad nacional.
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras para la jueza María Tardón describe una entrada “planificada”, con presencia de agentes marroquíes uniformados y de paisano, “total permisividad” y una organización incompatible con la improvisación. El 90,8 % de los teléfonos que difundieron los mensajes tenía prefijo marroquí.
La frontera permaneció prácticamente abierta durante diez horas. Y cuando Marruecos quiso cerrarla, lo hizo: el 15 de agosto desplegó antidisturbios, drones, helicópteros y centenares de agentes. La conclusión es inevitable: Rabat podía impedir la entrada y decidió no hacerlo cuando España quedó expuesta.
Eso es una guerra psicológica. Marruecos demuestra que puede alterar la estabilidad de una ciudad española y que el Gobierno de Sánchez carece de voluntad para responder.
Sánchez protege a Rabat y abandona a Ceuta
La actuación del presidente ha sido vergonzosa. Tras la invasión migratoria, Sánchez se fue de vacaciones, declarando que tenia derecho al descanso y disfrutar de su familia, mientras los ceutíes soportaban el caos, los servicios desbordados, el miedo y la incertidumbre.
El Gobierno tardó casi un mes, hasta el 25 de agosto, en declarar la situación de interés para la seguridad nacional. Durante ese tiempo, Moncloa ofreció discursos, excusas y llamadas a la calma, pero no exigió responsabilidades a Marruecos.
Y ahora se ha conocido otro episodio que agrava todavía más la sospecha de manipulación. El Gobierno habló de una reunión con la embajadora de Marruecos para aparentar firmeza, pero se ha demostrado que la diplomática estaba de vacaciones en la fecha anunciada. Si la reunión no pudo celebrarse, ¿por qué se presentó como una actuación diplomática real? ¿Quién mintió y con qué objetivo?
Ante una ofensiva política, migratoria y territorial, Sánchez fabrica una apariencia de autoridad mientras permanece arrodillado ante el rey de Marruecos.
Dos ministros marroquíes han reivindicado Ceuta y Melilla. Uno habló de “liberar las ciudades ocupadas”; otro las presentó como un supuesto “derecho histórico y geográfico” de Marruecos. La respuesta española fue tibia, tardía y puramente formal.
En 2022, Sánchez cambió por carta la posición histórica española sobre el Sáhara Occidental y abrazó el plan marroquí sin consenso parlamentario. Después de aquella concesión, Marruecos no ha dejado de presionar. Al contrario: ha comprobado que cuanto más exige, más obtiene.
No existe una prueba judicial de que Mohamed VI controle a Sánchez. Pero sí existe una conducta política que alimenta esa sospecha: Rabat presiona, España cede y el presidente español termina justificando al Gobierno marroquí.
¿Dónde están las feministas y los animalistas?
Durante años, las organizaciones feministas han exigido movilizaciones, campañas y condenas ante cualquier agresión sexual. Ahora, ante las violaciones y agresiones registradas en Ceuta, guardan silencio. ¿Acaso estas víctimas tienen menos importancia? ¿Acaso una mujer o una menor deja de merecer protección cuando el caso incomoda al Gobierno?
La defensa de las mujeres no puede depender del origen del agresor ni de la conveniencia política del momento. Si las feministas solo protestan cuando pueden atacar a sus adversarios ideológicos, no defienden a las víctimas: defienden una agenda partidista.
Lo mismo ocurre con los animalistas. ¿Dónde están ahora, cuando se denuncian gatos decapitado, ocas que sirven de alimento y delfines masacrados en medio del caos? ¿Por qué desaparecen cuando señalar la realidad puede perjudicar el relato oficial?
La indignación selectiva no es compromiso. Es propaganda.
Un Gobierno que confunde diplomacia con rendición
El Ejecutivo ha intentado desviar la responsabilidad hacia las redes sociales, Rusia, Israel o la “ultraderecha internacional”. Puede existir desinformación, pero ningún algoritmo abre una frontera vigilada por Marruecos. Ninguna cuenta de internet sustituye a los agentes que permitieron el paso.
Sánchez busca culpables lejos para no mirar al otro lado del Tarajal.
También sigue sin aclararse quién accedió a los teléfonos infectados con Pegasus y qué información fue sustraída. La investigación no pudo atribuir judicialmente la autoría a un Estado concreto, pero el problema de seguridad nacional permanece. Cuando el presidente mantiene después una política de sumisión hacia Marruecos, exigir explicaciones no es conspiración: es responsabilidad democrática.
Ceuta ha pagado la factura con comercios cerrados, servicios desbordados, familias atemorizadas y una convivencia rota. Y mientras los ciudadanos sufrían, Sánchez se marchaba de vacaciones y su Gobierno intentaba proteger la relación con Rabat.
Eso no es prudencia diplomática. Es abandono.
España necesita recuperar el control de sus fronteras, revisar de inmediato su relación con Marruecos, aclarar la mentira sobre la supuesta reunión con la embajadora, investigar las consecuencias de Pegasus y exigir responsabilidades por la gestión de la crisis.
Un presidente que abandona Ceuta durante una invasión migratoria y después evita responsabilizar a Marruecos no está defendiendo a España. Está defendiendo su propia supervivencia política.
La guerra psicológica funciona cuando el país atacado acepta que no puede responder. Marruecos ya ha comprobado que puede presionar a España, reivindicar su territorio y encontrar a un Gobierno dispuesto a arrodillarse.
La pregunta ya no es qué pretende Mohamed VI.
La pregunta es hasta cuándo piensa Sánchez seguir obedeciéndole.
Pedro Sánchez ha traicionado la confianza de la nación. Ha antepuesto su supervivencia política a la soberanía, la seguridad y la dignidad de España. Ha convertido nuestra relación con Marruecos en una cadena de concesiones, silencios y explicaciones que siempre favorecen a Rabat y perjudican a los españoles. Políticamente, esto tiene un nombre: traición.
La alta traición es una acusación penal que debe determinar un tribunal, no una columna periodística. Pero la gravedad de los hechos exige una investigación judicial inmediata, independiente y completa. Deben esclarecerse las decisiones adoptadas antes, durante y después de la entrada masiva; las alertas recibidas; la posible ocultación de informes; las relaciones con Marruecos; las contradicciones diplomáticas y la información sustraída mediante Pegasus. Si se demuestra que algún miembro del Gobierno colaboró, encubrió o actuó conscientemente contra la seguridad nacional, deberá responder penalmente sin que su cargo le sirva de escudo.
La responsabilidad tampoco puede terminar en Sánchez. Alcanza a todos los ministros que hayan mentido, ocultado información o utilizado las instituciones para proteger al presidente. Quienes han aceptado actuar como perros de presa políticos al servicio de este presidente inmoral no pueden refugiarse mañana en la obediencia debida. Un ministro no es un criado de la Moncloa: es una autoridad del Estado y responde individualmente de sus decisiones.
España no es propiedad de Sánchez, Ceuta no es una moneda de cambio y la soberanía nacional no puede negociarse para garantizar la permanencia de nadie en el poder. La imagen de Sánchez arrodillado ante el rey de Marruecos no es solamente una sátira: representa la humillación política que muchos españoles percibimos ante cada concesión, cada silencio y cada nueva justificación.
En una democracia, nadie puede ser condenado sin pruebas, pero tampoco protegido por ocupar la Presidencia del Gobierno. Investigar no es golpismo; exigir responsabilidades no es extremismo; defender España no es odio. Si los hechos confirman que se sacrificó deliberadamente el interés nacional para proteger al presidente, la respuesta no puede limitarse a unas elecciones: tendrá que llegar también desde los tribunales. Porque quien gobierna contra su nación no merece impunidad, sino verdad, justicia y responsabilidad.
