En un panorama político marcado por la incertidumbre nacional, la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso , ha logrado aprobar sus Presupuestos Generales para 2025 . Este hecho consolida la estabilidad financiera de la región y subraya su capacidad de gestión en un momento clave para la economía.
En contraste, el Gobierno de España enfrenta dificultades para cumplir con su obligación constitucional de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución Española , en su artículo 134, es claro al señalar que la elaboración y aprobación de los presupuestos es un deber fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del país. La ausencia de este instrumento deja al Ejecutivo en una situación de incertidumbre que afecta no solo a las instituciones, sino también a los ciudadanos.
Madrid avanza mientras el Gobierno central se detiene
Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025 incluyen claves que apuestan por la inversión, el empleo y la reducción fiscal , pilares que, según Ayuso, permiten mantener a la región como un motor económico. Entre los puntos destacados se encuentran:
- Inversiones en infraestructuras esenciales para mejorar la conectividad y servicios.
- Incremento en gasto social , especialmente en sanidad y educación.
- Apoyo a la digitalización y la sostenibilidad , como apuestas estratégicas de futuro.
En opinión de muchos, este avance contrasta con la situación en el ámbito nacional, donde la falta de apoyos políticos ha dejado al Gobierno central en un limbo presupuestario.
Cumplir con la Constitución, un deber ineludible
La aprobación de los Presupuestos no es un capricho político; es una obligación de recogida en la Carta Magna que asegura la previsión y gestión responsable de los recursos públicos. La falta de consenso en el Gobierno central refleja un vacío de liderazgo que pone en riesgo la planificación del país.
Como reflexión, este contraste entre acción y estancamiento invita a valorar la importancia de cumplir con las responsabilidades de gobierno, no solo por el impacto económico, sino por la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes. El Madrid, al menos, ha demostrado que avanzar es posible.
