La Comunidad de Madrid recuerda una obligación legal vigente desde 1985 y desata una ofensiva sindical. Mercedes Zarzalejo defiende que las aulas no pueden convertirse en instrumentos de propaganda política o sindical.
Mercedes Zarzalejo pone un límite: las aulas no son mítines
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha defendido públicamente las instrucciones aprobadas por su departamento y ha recordado que la neutralidad ideológica en los centros educativos es una obligación legal.
El pasado 20 de noviembre afirmó que un aula no puede convertirse en un mitin.
Una declaración cuyo contenido merece ser analizado sin los eslóganes que están dominando este enfrentamiento.
¿Debe poder un docente explicar objetivamente por qué existe una huelga? Naturalmente.
¿Puede expresar sus reivindicaciones laborales ante sus compañeros? Por supuesto.
¿Tiene derecho a secundar una huelga convocada legalmente? Sin ninguna duda.
Pero ¿debe aprovechar su posición de autoridad frente a menores para convencerlos de que apoyen una determinada causa sindical?
NO. Y ESA ES PRECISAMENTE LA FRONTERA QUE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA PLURAL DEBE PROTEGER.
Resulta difícil entender por qué esta distinción provoca tanta indignación.
La neutralidad debe exigirse frente a cualquier ideología, incluida la del Gobierno que dirige la Administración educativa. La propia Zarzalejo ha señalado que tampoco sería admisible colocar propaganda favorable a Isabel Díaz Ayuso en un centro público.
La norma, por tanto, no puede reducirse a una supuesta persecución de las ideas de izquierda.
Estamos ante una cuestión que afecta a todos: el derecho de las familias a una educación pública que no sea utilizada como instrumento partidista.
Y aquí surge la pregunta que da título a este editorial:
¿QUÉ COÑO ESTABA PASANDO EN LAS AULAS PARA QUE AHORA MOLESTE TANTO LA NEUTRALIDAD?


Una obligación legal desde hace más de cuatro décadas
Hay situaciones que obligan a preguntarse en qué momento hemos perdido el sentido común.
La Comunidad de Madrid ha aprobado unas instrucciones destinadas a preservar la neutralidad ideológica de los centros educativos públicos, impedir que el alumnado sea utilizado para promover reivindicaciones sindicales y evitar que los recursos institucionales de los colegios e institutos se conviertan en plataformas de propaganda.
Y la reacción de distintas organizaciones sindicales ha sido presentar estas medidas como un ataque a sus derechos fundamentales.
¿De verdad?
¿Qué demonios tiene de escandaloso recordar que las aulas están para enseñar y no para captar partidarios de una causa política o sindical?
Lo verdaderamente sorprendente es que no estamos hablando de una ley nueva.
El artículo 18.1 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, exige expresamente a los centros públicos garantizar su neutralidad ideológica.
¡DESDE HACE MÁS DE CUARENTA AÑOS!
Incluso antes, el Tribunal Constitucional había desarrollado el deber de neutralidad de los docentes de centros públicos en su Sentencia 5/1981.
Por tanto, Mercedes Zarzalejo no ha inventado la neutralidad educativa. La Consejería está concretando instrucciones para garantizar el cumplimiento de un principio reconocido desde hace décadas.
Y aquí surge otra pregunta que algunas organizaciones sindicales deberían responder.
Si la neutralidad ya era obligatoria, si el respeto a la libertad ideológica de los alumnos ya estaba protegido legalmente y si los docentes deben actuar sin imponer sus propias convicciones políticas, ¿por qué ahora se presenta como un ataque exigir que se respete esa obligación?
No estamos afirmando que exista un adoctrinamiento sistemático. Esa acusación requeriría pruebas.
Pero sí defendemos el derecho de las familias a preguntar qué uso se hace de los espacios educativos, qué mensajes reciben sus hijos y dónde termina la información legítima para convertirse en presión ideológica.
Porque una cosa es enseñar a pensar y otra muy distinta es enseñar qué deben pensar.
Las aulas no son sedes sindicales
Las instrucciones aprobadas por la Consejería no eliminan la libertad sindical ni el derecho de huelga.
Permiten informar objetivamente sobre las movilizaciones y mantener las actividades sindicales legalmente reconocidas.
Lo que impiden es utilizar la relación entre profesor y alumno para conseguir adhesiones o promover la participación de menores en reivindicaciones laborales.
Una distinción elemental que debería compartir cualquier profesional de la educación.
Un docente tiene derecho a reivindicar mejoras salariales, protestar por las ratios, exigir recursos y participar en una huelga.
Pero el alumnado no debe convertirse en instrumento de presión de esas reivindicaciones.
La libertad de cátedra no significa libertad para imponer las convicciones personales del profesor.
Y la educación pública no pertenece a CCOO, UGT, CSIF ni a ninguna otra organización sindical.
Tampoco pertenece al Partido Popular ni al Gobierno regional.
Pertenece a la sociedad, está al servicio del alumnado y debe respetar los principios constitucionales.
Por eso resulta difícil comprender que unas instrucciones destinadas a impedir la utilización partidista de los centros provoquen semejante enfrentamiento político y sindical.
La defensa de los derechos laborales es legítima, necesaria y está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico.
Pero el ejercicio de esos derechos no debería convertirse en una excusa para involucrar a menores en conflictos que corresponden a los adultos.
Los colegios son centros educativos, no sucursales de organizaciones sindicales.
Una Consejería que tiene la obligación de actuar
La neutralidad educativa no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones.
Debe existir una garantía efectiva de que los alumnos reciben una educación respetuosa con su libertad de conciencia y de que las instituciones no se utilizan para favorecer opciones políticas o sindicales.
La Comunidad de Madrid tiene competencias y responsabilidades en este ámbito.
Y su Consejería de Educación está obligada a velar por el correcto funcionamiento de los centros públicos.
¿Debería permanecer inmóvil si considera que se están utilizando recursos institucionales o espacios docentes para promover adhesiones sindicales entre menores?
Desde Diálogo Digital consideramos legítimo que la Administración establezca mecanismos de supervisión dentro de los límites de la ley.
Naturalmente, esos mecanismos deben ser proporcionados, respetar los derechos fundamentales y estar sometidos al correspondiente control judicial.
Los sindicatos tienen derecho a impugnar las instrucciones que consideren ilegales.
Pero presentar cualquier actuación de supervisión como una persecución ideológica tampoco resuelve el problema.
La neutralidad ideológica no es censura por definición. Es una garantía que debe aplicarse frente a cualquier opción política.
La consejera Mercedes Zarzalejo ha defendido una obligación que lleva décadas reconocida en nuestro ordenamiento jurídico.
Y esa responsabilidad institucional no desaparece porque algunas organizaciones sindicales reclamen su dimisión.
La Consejería debe escuchar, negociar y explicar sus decisiones.
Pero también tiene el deber de proteger a los alumnos y garantizar el cumplimiento de la legislación educativa.
La educación no pertenece a los sindicatos
La polémica demuestra hasta qué punto el conflicto laboral madrileño ha trascendido las reivindicaciones sobre condiciones de trabajo.
CCOO, UGT, CSIF y otras organizaciones han cuestionado distintas medidas de la Consejería.
Están en su derecho.
Pero también deben aceptar que sus argumentos sean examinados críticamente.
Si sostienen que las instrucciones restringen indebidamente la libertad de expresión, deben explicar qué disposiciones consideran desproporcionadas y por qué.
Si defienden la neutralidad educativa, deben aclarar qué mecanismos proponen para protegerla.
Y si consideran que la actividad sindical puede desarrollarse legítimamente dentro de los centros, deben distinguir claramente entre informar a los trabajadores y tratar de captar el apoyo del alumnado.
No basta con invocar derechos fundamentales. También hay que explicar cómo se respetan los derechos de los demás.
Un profesor no deja de ser ciudadano cuando entra en su centro educativo.
Pero tampoco deja de tener responsabilidades especiales frente a los menores que tiene a su cargo.
Esa responsabilidad debería estar por encima de cualquier enfrentamiento político.


A los docentes que cumplen con su vocación
Sería profundamente injusto que esta controversia terminara desacreditando al conjunto del profesorado madrileño.
Miles de maestros y profesores trabajan diariamente con profesionalidad, dedicación y vocación.
Algunos secundan la huelga. Otros han decidido continuar trabajando.
Ambas decisiones son legítimas y merecen respeto.
Ningún docente debería sufrir amenazas, intimidaciones o señalamientos por ejercer libremente sus derechos.
Los profesionales que consideran que determinadas movilizaciones están perjudicando a sus alumnos también merecen ser escuchados.
Y quienes ejercen legítimamente su derecho de huelga no deben cargar con la responsabilidad de las conductas de otros manifestantes.
La verdadera vocación educativa se reconoce en el respeto al alumnado, en la responsabilidad profesional y en el compromiso con el aprendizaje.
No en el volumen de un megáfono.
No en las siglas de una organización.
Y mucho menos en la capacidad de generar enfrentamiento.
El mejor docente no es el que consigue que sus alumnos piensen como él, sino el que les proporciona las herramientas para pensar por sí mismos.
La pregunta que sigue sin respuesta
Desde Diálogo Digital consideramos que las organizaciones sindicales deberían explicar con claridad dónde sitúan el límite entre la información educativa y el proselitismo.
Porque si se acepta que los centros públicos deben ser ideológicamente neutrales, también deben existir mecanismos legales y proporcionados para garantizarlo.
La discusión jurídica sobre las instrucciones no puede ocultar esa realidad.
Nuestros hijos no van al colegio para que nadie les diga qué partido, sindicato o corriente ideológica deben apoyar.
Van para aprender, desarrollar su pensamiento crítico y construir libremente su futuro.
Ni la izquierda, ni la derecha, ni los sindicatos, ni los gobiernos tienen derecho a apropiarse de la conciencia de los menores.
Por eso, la pregunta permanece abierta y merece una respuesta clara:
¿QUÉ COÑO TIENE DE OFENSIVO RECORDAR QUE LAS AULAS SON PARA EDUCAR Y NO PARA ADOCTRINAR?
La defensa de la neutralidad ideológica no debería provocar miedo ni indignación entre quienes tienen la responsabilidad de educar.
Debería ser un compromiso compartido.
Porque nuestros hijos merecen profesores comprometidos con su educación, no activistas que utilicen las aulas para sus propias batallas políticas o sindicales.
¡EDUCACIÓN SÍ. ADOCTRINAMIENTO NO!
Diálogo Digital — Especial Educación Madrid. Primera entrega de tres.