El escándalo que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sigue creciendo con nuevas revelaciones que vinculan sus actividades profesionales con un posible uso indebido de recursos públicos. Este caso, que comenzó con sospechas de irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se ha transformado en un entramado que también salpica a Moncloa y a la propia estructura del Gobierno.
Fondos opacos y patrocinadores cuestionables
Entre los últimos descubrimientos, destaca la existencia de un nuevo patrocinador que habría aportado 36.000 euros a la cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Gómez. Según las declaraciones de Mercedes Zarzalejo, portavoz en la comisión de investigación, no existen explicaciones claras sobre este ingreso ni sobre su vinculación formal con la cátedra. Este hecho refuerza las acusaciones de opacidad en la gestión, ya que tampoco se presentaron memorias económicas ni de actividades, como reconocieron los vicerrectores de la UCM.
Un «chiringuito» para satisfacer intereses personales
Zarzalejo fue contundente al calificar la cátedra como un «chiringuito» creado para los caprichos de Gómez, donde la supervisión legal y administrativa fue constantemente desbordada. Según la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM, responsable de los gastos de la cátedra, había prácticas que traspasaban los límites legales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En sus palabras, “cuando ya no era posible solventarlo, teníamos que dar un toque de atención a la señora Gómez”.
Este descontrol terminó forzando a la universidad a imponer controles estrictos que derivaron en la cancelación de la cátedra. Además, se reveló que la iniciativa no tenía alumnos inscritos ni aportaba títulos relevantes para la universidad, lo que refuerza la percepción de que su propósito principal era beneficiar exclusivamente a Gómez.
Moncloa en el centro del escándalo
La polémica no se detiene en la UCM. Las investigaciones también han señalado el uso de instalaciones de Moncloa para actividades empresariales privadas, incluida la venta de software y la gestión de reuniones con altos cargos académicos. Estas acusaciones representan un posible abuso de recursos estatales destinados al servicio público.
La portavoz Zarzalejo enfatizó que todo apunta a que esta cátedra fue creada para satisfacer los deseos de la esposa del presidente, gestándose incluso desde la mesa del presidente en Moncloa. Este dato refuerza las demandas de la oposición para que Pedro Sánchez comparezca en la comisión, algo que el Partido Popular no ha descartado si las pruebas continúan señalando a la sede del Gobierno como epicentro del escándalo.
Tensiones políticas y futuras comparecencias
La comisión de investigación también ha sido escenario de tensiones entre los grupos parlamentarios. Vox, que solicitó la comparecencia de Sánchez, ha acusado al PP de bloquear su petición. Zarzalejo aclaró que las comparecencias se organizan por cupos y que Vox, como grupo minoritario, debe esperar su turno según las reglas establecidas.
Las próximas sesiones, previstas para febrero, abordarán la financiación de la cátedra, la polémica plataforma de medición de impacto y el software vinculado a Gómez. Estas investigaciones podrían consolidar el caso como uno de los mayores escándalos éticos de la historia reciente de España.
Un caso que deja huella
El caso Begoña Gómez refleja un abuso de poder sin precedentes, donde se utilizó el aparato estatal para fines privados. Las declaraciones de Zarzalejo y las pruebas reveladas hasta ahora dejan en evidencia la falta de control y ética en la gestión de esta cátedra.
La posibilidad de que Pedro Sánchez sea convocado a la comisión marca un punto de inflexión. Si las investigaciones confirman que Moncloa jugó un papel clave, el impacto político podría ser devastador.
Este caso demuestra, una vez más, cómo el entorno cercano a Sánchez ha utilizado recursos públicos sin el menor pudor. A medida que avanzan las investigaciones, queda claro que la transparencia y la rendición de cuentas no solo son exigencias éticas, sino pilares esenciales para una democracia que respete los derechos de todas las personas y evite privilegios inaceptables en una sociedad moderna.
