La peligrosa deriva de la democracia en España

Mercedes Zarzalejo

Presidenta de la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid.

Diputada del GPP.

Durante décadas, cuando todos compartíamos y respetábamos la Constitución y el modelo de Estado que todos nos dimos en 1978, los ciudadanos y los políticos reconocíamos la independencia de los jueces y acatábamos sus decisiones. Un comportamiento que se esperaba de nuestros representantes públicos por el bien de la estabilidad democrática de nuestro país.

Sin embargo, en los últimos tiempos, estamos presenciando una tendencia preocupante dirigida a deslegitimar las decisiones judiciales, especialmente, cuando no favorecen a determinados grupos políticos, básicamente, PSOE y sus socios independentistas radicales. Subirse a la tribuna del Congreso de los Diputados y acusar de prevaricación, señalando a jueces con nombres y apellidos, como ha ocurrido en los últimos debates parlamentarios con los líderes de JUNTS, de BILDU, de Esquerra Republicana, de SUMAR y del PSOE, es una conducta intolerable y de auténtico desprecio a la independencia del poder judicial. Pero ver a los Ministros del Gobierno de España salir en masa a defender a su “PUTO AMO” desprestigiando a los jueces Peinado o García Castellón que instruyen las diligencias previas de la supuesta trama de corrupción que acecha a La Moncloa es una actitud repugnante que pone en riesgo la cohesión social y la autoridad del poder judicial. Los jueces son seleccionados para ser imparciales, y es vital distinguir entre la crítica legítima y el intento de desacreditarlos sistemáticamente.

España, hasta ahora, era un Estado de Derecho en el que, gracias a la valentía y concordia del Presidente Adolfo Suárez y la voluntad de los españoles, nos dimos unas normas de convivencia que han marcado durante 46 años la diferencia entre ser una república bananera y una democracia de la UE. 

Querer controlar, intimidar, extorsionar y maniatar a los jueces para que no sean ellos los que apliquen el control de la Ley, es acercarnos de manera peligrosa a la forma de hacer política en Caracas. 

Indultar a los corruptos, amnistiar a los golpistas y querellarse contra el Juez instructor, utilizando y manoseando todas las Instituciones del Estado, para tapar el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios de la esposa del Presidente del Gobierno es un síntoma muy preocupante del modelo de Estado unipersonal y dictatorial que pretende consolidar Pedro Sánchez. 

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Destrozar el sistema de financiación de las regiones, para favorecer a unas en detrimento de otras para investir Presidente de la Generalitat al antiguo Ministro, no es dirigirse hacia un Estado federal, como ha manifestado hoy el Sr. Sánchez, sino implantar un Estado confederal donde habrá una desigualdad de trato entre las autonomías y sus habitantes. 

Respetar el poder judicial es esencial para el buen funcionamiento de nuestra democracia, y deslegitimarlo nos conduce a un camino peligroso. Los españoles no estamos siendo conscientes de lo que están haciendo con nuestra democracia y nos impactamos cuando vemos lo que está ocurriendo con otros países pero debemos pararnos a pensar que estamos en manos de los mismos “ideólogos” con distintos ejecutores.

No en vano el Presidente del Gobierno de España aplaude la vergonzosa presencia de su maestro y mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, en Venezuela donde asesora a Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, saquear el país y sacrificar al pueblo venezolano a pesar de haber elegido de manera mayoritaria y aplastante la libertad. Y no es casualidad que Pedro Sánchez sea de los pocos líderes internacionales que no ha exigido transparencia en las elecciones del pasado domingo en Venezuela y que su gobierno, junto a países como Rusia, Cuba o Irán, hayan reconocido la fraudulenta victoria del régimen del narcocomunista Maduro. Si estamos en este lado de la balanza, el futuro de España es incierto, peligroso y muy preocupante.