Nuevas pruebas desmontan las mentiras en la Comisión de Investigación sobre Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid.
La comparecencia de ayer en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid ha dejado en evidencia las falsedades repetidas en torno al software desarrollado y utilizado en la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de que la propia Gómez, investigada por tráfico de influencias y apropiación indebida, negó en su momento la existencia de dicho software, las declaraciones de Amado Ramos Guillén y José Antonio Martínez, responsables de las empresas que lo crearon, han confirmado lo contrario: el software existió, se entregó y fue utilizado.
Pero las posibles mentiras no terminan ahí. No solo Begoña Gómez, sino prácticamente todos los comparecientes que han pasado por la Comisión han negado la existencia del software, ocultando deliberadamente la verdad. Los datos son contundentes: el software se encontraba alojado en el servidor de la Universidad Complutense de Madrid, lo que significa que tanto Begoña Gómez como otros responsables de la cátedra, como Blanca de Juan de Castro, excoordinadora del Máster Dirección de Fundraising Público y Privado en ONL, tenían acceso a él.
Durante la sesión, Mercedes Zarzalejo, portavoz del Grupo Popular en la Comisión recordó en varias ocasiones a los intervinientes el artículo 502.3 del Código Penal, que establece que mentir ante una Comisión Parlamentaria de Investigación es un delito castigado con penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses. Sin embargo, a pesar de este recordatorio, las posibles falsedades han sido la norma en las declaraciones de muchos comparecientes.
Otro hecho que ha llamado la atención es la actitud del Grupo Socialista, cuyos representantes decidieron abandonar la sesión en un intento de evitar enfrentarse a los datos que desmontan el discurso oficial. Solo los diputados del PP y Vox continuaron con el interrogatorio, logrando que las pruebas quedaran en evidencia.
Este nuevo giro en la investigación deja varias preguntas en el aire: ¿Se exigirán responsabilidades a quienes han mentido para proteger a Begoña Gómez? ¿Cómo podrá justificar ahora sus declaraciones ante el juez Peinado tras quedar demostrado que el software sí existió?
Una vez más, se demuestra el entramado de falsedades al que nos tiene acostumbrados un Gobierno y su entorno que han perdido todo pudor en su estrategia de ocultación y desinformación. La verdad ha salido a la luz, pero ¿habrá consecuencias?
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