Este lunes, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid se enfrentan a una decisión crucial que puede marcar el destino del procedimiento judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los jueces deberán determinar si archivan la causa, delimitan su alcance o permiten que continúe bajo los términos actuales. Un caso de gran envergadura que involucra presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y que ha puesto en el foco mediático a la primera dama española.
La investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado ha estado cargada de polémica desde su inicio, con críticas desde la defensa de Gómez y la Fiscalía. Ambas partes aseguran que la causa ha derivado en una «investigación prospectiva», prohibida por la ley española, y piden que se limiten las pesquisas a los hechos originalmente denunciados. Para la defensa, liderada por el exministro y exfiscal Antonio Camacho, el enfoque del juez Peinado es excesivamente amplio y ha cruzado las líneas legales al incluir hechos ajenos a la denuncia original, como el rescate de Air Europa o la cátedra de Gómez en la Universidad. Complutense de Madrid.

El abogado de Gómez ha sido especialmente crítico con la decisión del juez de investigar «todos los actos, conductas y comportamientos» de la investigada desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Este tipo de imputación «genérica y carente de concreción», como lo ha calificado la Fiscalía, ha generado tensiones en los tribunales. De hecho, la Fiscalía también ha solicitado que se delimite el alcance de la investigación, recordando que no se puede abrir un procedimiento judicial para buscar indicios sin hechos delictivos claros.
¿Un caso sin rumbo?
El caso comenzó con una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haber favorecido al empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos. Sin embargo, con el tiempo, la investigación ha sumado nuevos protagonistas, como el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y ha llevado a la citación como testigo del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está evaluando varias querellas interpuestas contra el juez Peinado. La Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, y la propia Begoña Gómez han presentado acciones legales por presunta prevaricación y revelación de secretos, respectivamente. Aunque la Fiscalía ha respaldado la querella de Sánchez, argumentando que el juez podría haber excedido su autoridad, las fuentes jurídicas apuntan a que estas querellas probablemente no prosperen.
El silencio como estrategia
Lo que ha marcado la pausa en todo este proceso ha sido un silencio ensordecedor que ha acompañado tanto a los movimientos de la defensa de Gómez como a los actores clave que rodean este caso. Las críticas hacia la falta de transparencia no han sido pocas, especialmente considerando que esta es la primera vez en la historia reciente que la esposa de un presidente en funciones se encuentra imputada por delitos de tal gravedad.
Son muchos los expertos juristas que evidencian la tragedia sobre Begoña Gómez, pero al mismo tiempo son escépticos sobre si al final del camino será condenada por alguno de los delitos por los que está imputada. Sabemos cómo Sánchez juega a su favor en ciertos órganos. Un hecho sin precedentes en la política española, donde una primera dama está imputada y un presidente del Gobierno en funciones tiene que declarar en un caso de supuesta corrupción que recae sobre su mujer.
Pero no importa. El silencio ha sido la guía de todo y todos los que rodean a Begoña Gómez: silencio, silencio y más silencio, con lapsus de memoria o mentiras ya demostradas. Mañana es un día decisivo para los «putos amos», y veremos si no tienen que tomarse otros cinco días para reflexionar sobre cómo volver a atacar las libertades de España.
Además, lo que queda claro es que ni al presidente del Gobierno ni a su esposa les ha importado llevarse por delante a cualquier persona, catedrático o empresa. Han jugado con la imagen y el prestigio de la universidad, dejando entrever que cualquier «cuelgabotas» puede llegar a impartir una cátedra, aunque no cumpla con los requisitos necesarios. Eso sí, siempre que seas la mujer o la colega del presidente Sánchez.

Una primera dama en la cuerda floja
El día de mañana será crucial para determinar el curso de esta trama judicial, pero más allá de lo que se decide, queda la sensación de que en algunos sectores del poder actúan como si las reglas no se aplicarán a ellos. Mientras tanto, la defensa de Gómez comenzará utilizando las herramientas jurídicas a su disposición, dilatando tiempos, recurriendo decisiones y buscando que la investigación se cierre o se limite dividida. Sin embargo, el hecho de que Pedro Sánchez haya sido llamado a declarar como testigo añade un peso simbólico innegable a esta situación.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Begoña Gómez, sino la credibilidad de las instituciones que deben velar por la transparencia y la justicia en nuestro país. Mañana veremos si la Audiencia de Madrid decide poner fin a este proceso o si permite que las investigaciones continúen.
Excelente análisis