El próximo jueves, el Parlament de Cataluña será escenario de un pleno de investidura que podría nombrar a Salvador Illa, líder del PSC, como nuevo presidente de la Generalitat. Sin embargo, esta sesión, programada por el presidente del Parlament, Josep Rull, enfrenta una posible interrupción significativa: el regreso clandestino de Carles Puigdemont a España, un movimiento que podría desestabilizar la política.
Puigdemont planea llegar al Parlament de manera clandestina el día de la investidura, evitando la caravana mediática y la marea humana para maximizar el impacto de su regreso. A pesar de la normativa del Parlament que impide el arresto de diputados con inmunidad, la orden de detención vigente del Tribunal Supremo asegura que los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil o la Policía Nacional actuarán.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha negado cualquier contacto o acuerdo con las fuerzas policiales catalanas, rechazando la idea de una detención pactada. De ser arrestado, Puigdemont podría ser enviado a Madrid para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, donde enfrenta cargos de malversación y desobediencia, con penas que incluyen la prisión preventiva debido al riesgo de fuga.
Vox ha convocado a sus seguidores a manifestarse frente al Parlament con banderas de España para protestar contra la posible entrada de Puigdemont. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, ha instado a sus seguidores a no tolerar lo que consideran una humillación al permitir que un prófugo de la justicia entre en la cámara catalana.
Por su parte, el Partido Popular ha exigido a Josep Rull que impida cualquier espectáculo que implique la presencia de Puigdemont en el Parlament. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha advertido que permitir la entrada de Puigdemont sería una afrenta a la democracia y a la justicia, que debe ser respetada.
Sánchez ha demostrado una inclinación preocupante a pactar con independentistas y terroristas, a aprobar una amnistía incomprensible, y a manipular los órganos judiciales y los medios de comunicación. La sumisión del Fiscal General del Estado a sus órdenes y la obstrucción a la justicia en casos que involucran a sus familiares son claros ejemplos de abuso de poder.

Ahora, Sánchez está considerando otorgar a Cataluña una «financiación singular», una medida que no solo crea una desigualdad flagrante entre los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas, sino que también podría ser ilegal y antidemocrática, violando los principios de igualdad establecidos en nuestra Constitución. Esta estrategia, que busca satisfacer las demandas de una comunidad en particular a expensas del resto del país, recuerda a los casos de corrupción política que han llevado a muchos alcaldes y políticos a la cárcel.